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Los europeos viviremos de otra forma en apenas unas décadas si los planes presentados por la Comisión Europea este miércoles llegan a buen puerto. Para eso deberán, sobre todo de ahora hasta 2023, superar una larga lista de obstáculos y hacer frente a los intereses de los gobiernos y de las industrias más importantes del continente. Los planes afectan a sectores económicamente imprescindibles para la economía europea, a gran parte de su industria, a las viviendas de 447 millones de personas, a la forma en cómo nos movemos, a los viajes y hasta a qué comemos y qué importamos.
Fuentes del Parlamento Europeo aseguran que el plan, globalmente, ni siquiera parece diseñado por la principal familia política europea, el Partido Popular Europeo al que pertenece Ursula Von der Leyen, sino directamente por su partido, la CDU alemana.
Uno de los principales obstáculos que ya señalan muchos eurodiputados y algunos gobiernos (el francés entre ellos) es la creación de un segundo mercado de emisiones de carbono (el actual, en el que hay unas 10.000 empresas, funciona desde 2005) en el que se incluirían dos sectores del día a día de los ciudadanos: el consumo energético de los hogares (los recibos de la electricidad y de la calefacción) y las emisiones de todo el tráfico rodado mientras emita gases contaminantes.
La primera reacción en partes de las tres principales familias políticas (conservadores, socialistas y liberales) es que supone una medida que hará que la carga de gran parte de la factura por la transición ecológica pase de las grandes industrias a todos los hogares, afectando más a los más pobres porque son los que tienen que gastar un mayor porcentaje de sus ingresos en calentar e iluminar sus viviendas. El fondo de 72.000 millones de euros que Bruselas propone para mitigar esos efectos y que funcionaría entre 2023 y 2035 se ve como totalmente insuficiente.
Bruselas defiende la incorporación del transporte y las viviendas en el sistema de emisiones de carbono porque son dos de los sectores que más contaminan. El 25% de las emisiones contaminantes europeas las genera el transporte. El 36% las viviendas por su gasto energético y en su construcción. A las críticas se unieron los sindicatos, que calculan que cada hogar gastará casi 400 euros anuales más en transporte y casi 450 más en calefacción si el precio de la tonelada de CO2 se fija en 170 euros. Bruselas reconoce que 35 millones de europeos tienen ya problemas para pagar sus recibos de energía.
Varios gobiernos ya hablan directamente contra esta medida. La ministra de Ecología belga, Zakia Khattabi, dijo el miércoles que la transformación ecológica “sólo se logrará si se entiende que es legítima y no discriminatoria en los esfuerzos que pide”.
Von der Leyen siguió adelante con el plan pero un grupo de comisario lo rechaza y pidió que su negativa se incluyera por escrito en las minutas de la reunión del miércoles. Temen que esa medida, acompañada de una financiación insuficiente de las ayudas a los hogares, desate movimientos similares al de los “chalecos amarillos” en Francia. Fuentes comunitarias explican que varios comisarios se sintieron ignorados y que no se tuvieron en cuenta sus observaciones y sus líneas rojas. Tampoco las advertencias sobre el impacto en las relaciones exteriores de la UE.
El plan choca ya con sectores clave de la empresa europea. Las aerolíneas, que ven que dentro de una década tendrán que pagar impuestos por el keroseno de aviación o cambiar a combustibles más limpios pero hasta cinco veces más caros, dicen que es una idea “contraproducente”. El plan les impone una tasa mínima de 468 euros por cada 1.000 litros de keroseno. Hoy no pagan nada.
Como las navieras, que hasta ahora estaban exentas del mercado de emisiones de carbono y pasarán a entrar en él. Aseguran que incluirlas en ese sistema hará más difícil un acuerdo global para un mercado de emisiones similar.
Bruselas sabe también que la conocida como “tasa carbono” en frontera generará choques con prácticamente cualquier potencia económica mundial, empezando por Estados Unidos, China y Rusia. Se trata de un arancel que se cobrará en las fronteras de la Unión Europea a los productos que para su producción generan muchas emisiones contaminantes (Bruselas apunta a cemento, aluminio, acero y fertilizantes) y que lleguen desde países con normas medioambientales menos estrictas que las europeas. Rusia ya se siente señalada porque Europa compra a Moscú casi el 40% de los fertilizantes que usa el campo europeo.
El vicepresidente de la Comisión Europea y hombre a cargo de la política climática, el holandés Frans Timmermans, reconocía este jueves que esa “tasa carbono” puede generar malestar en socios económicos europeos, pero entiende que es una medida que ayudará a las empresas europeas a competir en igualdad de condiciones y espera que empuje a otros países a aprobar normas medioambientales más estrictas.
La prohibición de vender automóviles con motores de combustión también provocó malestar en parte de la industria automotriz europea. Pero sobre todo por poco ambiciosa. Consideran que esa fecha podría adelantarse a 2030 (algunos gobiernos apuntaban a ese año) y que se deja a 2035 para ayudar a los gigantes alemanes, empezando por Volkswagen, primer constructor de coches de Europa.
La opinión de los partidos ecologistas, cada vez más potentes en países como Alemania, Bélgica, Austria, Países Bajos, Francia o los escandinavos, es una de las piedras de toque para evaluar lo presentado. Uno de sus eurodiputados más influyentes, el catalán Ernest Urtasun, ve luces y sombras. Cuenta que “el paquete es globalmente positivo porque permite concretar las ambiciones del Acuerdo Verde Europeo” aunque su grupo le pone peros. Creen que el objetivo de reducción de emisiones un 55% para 2030 es poco ambicioso, así como el de un 40% de energías renovables para ese mismo año: “Deberíamos tratar de llegar a una economía 100% renovable en 2040 y con esos objetivos será muy difícil lograrlo”.
Urtasun cree que en la eliminación de los automóviles de combustión se puede ir mucho más rápido, prohibiendo su venta en 2030 y no 2035 y en general que su grupo trabajará “en cuestiones de calendario, en la necesidad de correr más”, en hacer que las propuestas sean más ambiciosas.
Aplaude como “muy positivo” la introducción de la tasa al keroseno que deberán pagar las aerolíneas pero critica que se incluya la calefacción de los hogares y el transporte de los ciudadanos en el mercado de emisiones de carbono: “Nos parece que eso hará recaer los costes de la transición en ciudadanos que pueden ser económicamente vulnerables y el fondo social de compensación de 72.000 millones de euros es muy insuficiente”.