El Movimiento Progresista presentó un juicio de inconformidad para anular los comicios presidenciales alegando que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) compró cinco millones de votos, utilizó recursos ilícitos y superó los límites legales de gasto electoral. En la misma línea, el PRI ha acusado al Movimiento Progresista de financiar con recursos ilícitos, en este caso fondos públicos, su campaña electoral y de superar los límites legales de gasto electoral.
La semana pasada el Instituto Federal Electoral (IFE) determinó que los partidos políticos que concurrieron a los comicios respetaron los límites legales de gasto electoral, aunque les multó a todos, a excepción de Los Verdes, por los desfases injustificados entre ingresos y gastos.
"No está acreditado que haya habido coacción. No hay compra, coacción o inducción ilícita (del voto) demostrada", ha dicho Flavio Galván, miembro de la comisión calificadora de la elección presidencial, según ha informado el diario mexicano 'La Jornada'. Asimismo, ha desestimado que existan varios acuerdos millonarios firmados en periodo electoral entre el PRI y la cadena de tiendas Soriana para la compra de productos para fines de asistencia social.
"Son actos jurídicos administrativos o mixtos que llevan a cabo los gobiernos de los estados en cumplimiento de los programas de gobierno. No vamos a juzgar la licitud o ilicitud de estas licitaciones públicas o adjudicaciones. Ya dije en alguna otra ocasión que las elecciones no pueden suspender el cumplimiento de los deberes de gobierno", ha agregado Galván.
El TEPJF ha de resolver aún otros asuntos de menor relevancia antes de que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, sea declarado oficialmente como presidente electo.