Fuentes gubernamentales citadas por el portal local de noticias Bahrain Mirror han indicado que el tribunal juzgará a un total de tres personas, entre ellos un militar.
Los civiles están acusados de participar en ataques contra instalaciones del Ejército y personal de las fuerzas de seguridad, sin que hayan trascendido más detalles por el momento sobre el caso.
El rey, Hamad bin Isa al Jalifa, ratificó la enmienda después de que fuera aprobada por ambas cámaras del Parlamento.
El Consejo de la Shura --la Cámara Alta-- está integrado por 40 miembros que son elegidos por el rey. Por su parte, el Consejo de Representantes --la Cámara Baja-- está integrado por otros 40 miembros, que son elegidos en comicios.
La Constitución del país limitaba la jurisdicción de los tribunales militares a los delitos o crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad. El proyecto de ley aprobado argumentaba que "el incremento del terrorismo en la región" y la "flexibilidad" y "rapidez" de los juicios militares justifica la enmienda.
La última vez que tribunales militares juzgaron a civiles en el país fue tras las protestas prodemocráticas de 2011, cuando cerca de 300 personas fueron condenadas por crímenes políticos.
La decisión del monarca tuvo lugar en un momento en el que las autoridades del país han recrudecido su campaña de represión contra la oposición.
El Gobierno anunció en enero la restauración de la autoridad para llevar a cabo detenciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), dando marcha atrás en una de las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin (BICI) que había aplicado tras las protestas prodemocráticas iniciadas en 2011.
La decisión anuló un decreto aprobado en 2011 que quitó estos poderes a la NSA tras una investigación sobre los abusos cometidos por el organismo contra manifestantes y detenidos.
A pesar de que el nuevo decreto sólo dio los poderes de detención en casos de terrorismo, las autoridades han usado esta legislación, de definición inexacta, contra activistas, periodistas y manifestantes, por lo que varias ONG ya han expresado su temor acerca de su posible uso.
La BICI, establecida para investigar las violaciones de Derechos Humanos entre febrero y junio de 2011, confirmó que durante ese periodo la NSA había torturado a manifestantes, lo que habría causado al menos una muerte.
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas de 2011. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de ese año, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.