El caso se refiere al caso de los nacionales sirios Ibrahim Alo y Amira Osso, que impugnaron ante la justicia alemana la decisión de imponerles una obligación de residencia en Alemania, país al que se desplazaron en 1998 y 2001 respectivamente, recurso que ha llevado al Tribunal Supremo de lo Contencioso-administrativo de Alemania a pedir que el Tribunal europeo con sede en Luxemburgo aclare la normativa europea sobre la obligación de residencia.
El Derecho alemán establece que cuando los beneficiarios de protección subsidiaria perciben prestaciones sociales, su permiso de residencia lleva aparejada la obligación de residir en un lugar determinado ya sea para garantizar el reparto adecuado de la carga que suponen dichas prestaciones entre las diferentes instituciones competentes o para facilitar su integración en la sociedad alemana.
En su sentencia de este jueves, el Tribunal de Justicia de la UE ha aclarado que las personas que reciben el estatuto de beneficiario de protección subsidiaria deben poder circular libremente por su territorio en las mismas condiciones que rigen para otros ciudadanos extracomunitarios que residen legalmente en ellos.
Y aunque admite que la circulación de personas que reciben ayudas sociales o la concentración desigual dentro del país puede conllevar un reparto inadecuado de la carga financiera de estas prestaciones entre las diferentes instituciones competentes, el Tribunal de Justicia europeo ha dejado claro que la directiva europea de 2011 se opone a la imposición de una obligación de residencia únicamente a los beneficiarios de la protección subsidiaria a fin de llevar a cabo un reparto adecuado de la carga de las prestaciones sociales.
Así, el tribunal europeo con sede en Luxemburgo deja claro que una obligación de residencia impuesta a los beneficiarios de protección subsidiaria que reciben asistencia social supone una restricción al acceso de dichos beneficiarios a la protección social previsto por el Derecho de la Unión.
También ha aclarado que la directiva europea no se opone a imponerles una obligación de residencia con el objetivo de promover su integración, incluso aunque no se exija a otros ciudadanos extracomunitarios que residan legalmente en Alemania, pero compete a la justicia alemana comprobar si beneficiarios de la protección subsidiaria que reciben asistencia social tienen más dificultades de integración que los demás ciudadanos extracomunitarios que residen legalmente en el país.
La Comisión Europea ha tomado nota de la sentencia del Tribunal europeo que "aclara" que se puede "imponer requisitos de residencia" en estos casos. "Es evidentemente un elemento muy importante para prevenir los movimientos secundarios", ha explicado en rueda de prensa la portavoz de Inmigración e Interior en rueda de prensa, Natasha Bertaud.