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Una semana después de haber asumido el poder –al suspender durante 30 días el Parlamento, relevar al primer ministro y a los titulares de Defensa y Justicia y retirar la inmunidad a los diputados-, Kais Saied puede congratularse del éxito –por el momento- de su golpe constitucional. Cuenta el presidente de Túnez –electo en segunda vuelta con un 73% de apoyos en octubre de 2019- en su plan para “recuperar la paz social y salvar al Estado y la sociedad” con el apoyo mayoritario de su pueblo –un sondeo reciente de la firma Emrhod Consulting arrojaba el dato de que el 87% de los encuestados estaba a favor de sus decisiones de la última semana-, el descrédito de la clase política y el apoyo de los militares y las fuerzas de seguridad.
Los tunecinos, castigados por el bloqueo político, la corrupción, el deterioro de la situación económica y la catástrofe de la gestión sanitaria, parecen dispuestos a avalar un paréntesis autocrático con tal de que Saied ponga remedio a problemas más perentorios. Y enderece el rumbo del país.
Asumen los ciudadanos tunecinos con pragmatismo que la democracia es una forma de gestionar los asuntos públicos siempre perfectible, porque recuerdan –hace solo una década del triunfo de la revolución de los jazmines, que abrió derrocó la dictadura de Ben Ali y abrió la primavera árabe- cómo nació. Porque recuerdan con nitidez cómo vieron la luz las nuevas instituciones y las dificultades que entraña lograr consensos en un país sin tradición democrática, y son conscientes de la inoperancia de los consensos cuando son impostados a la hora de hallar soluciones a los problemas reales de los ciudadanos.
A pesar de la llamada a sociedad civil, militares y fuerzas del orden a oponerse a lo que desde el primer momento calificó de “golpe de Estado contra la Constitución, la revolución y la democracia”, el principal partido de la Asamblea de Representantes y de la oposición a Saied, Ennahda, ha sido incapaz de movilizar a los tunecinos contra el presidente de la República. La fuerza islamista, que sacó a la calle a miles de personas en febrero de este año por la “Constitución y la unidad nacional” y se impuso en las legislativas de 2019, es percibida por una mayoría de tunecinos más como obstáculo que como solución. Ahora exigen a Saied la convocatoria inmediata de elecciones.
Tampoco la coalición islamista y populista Al Karama y los partidos seculares Qalb Tounes y Corriente Democrática (Attayar) –principales fuerzas del Parlamento tras Ennhada- han logrado movilizar a su electorado contra el jefe del Estado en las últimas jornadas.
Expertos dentro y fuera de Túnez tienen cada vez menos dudas sobre la inconstitucionalidad del golpe de mano de Saied. El presidente y profesor de Derecho Constitucional invocó el artículo 80 de la Carta Magna de 2014, que establece que “en caso de peligro inminente que amenace las instituciones de la nación y la seguridad e independencia del país y ponga en peligro el funcionamiento regular de los poderes públicos, el presidente de la República puede tomar las medidas necesarias” tras “consultar al jefe del Gobierno y al presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo y después de haber informado al presidente de la Corte Constitucional”. Pero ninguna de las tres premisas se ha cumplido.
Es obvio que Saied no pidió permiso al jefe del Gobierno –Hicham Mechichi- ni al presidente del Parlamento –el veterano líder islamista Rachid Ghannuchi. Y la corte constitucional sencillamente no existe por culpa de la clase política tunecina, incapaz de establecerla desde la aprobación de la Constitución actual. Una Carta Magna, por cierto, que, según Saied, entraña “obstáculos por todas partes”, y que consagra un sistema semi-presidencial en el que el presidente comparte el poder ejecutivo como un primer ministro que responde ante el Parlamento.
Lo cierto es que en las últimas fechas las medidas adoptadas por el presidente Saied confirman que tiene un plan y que quiere ejecutarlo con mano firme. El pasado lunes las fuerzas de seguridad irrumpían en la redacción del canal Al Jazeera conminando a los periodistas a dejar de hacer su trabajo. El miércoles el jefe del Estado relevaba por decreto al director general del ente de la televisión estatal.
Más recientemente, el bloguero y diputado Yassine Ayari –se dio a conocer durante la revolución de 2011- fue detenido el viernes por “ofensas a la moral y dignidad del Ejército” y varios miembros de Ennhada han sido interrogados en las últimas horas sospechosos de “fomentar la violencia”. Para el subdirector de Human Rights Watch para la región de Oriente Medio y el Norte de África, Eric Goldstein, lo sucedido “confirma que cuando el presidente Saied se arrogó poderes extraordinarios, los empleará contra sus críticos”.
No es la única detención a un político registrada en los últimos días. El viernes, el diputado de la coalición islamista Al Karama Maher Zid era arrestado en la capital tunecina por un caso abierto contra él hace tres años, aunque liberado finalmente este sábado.
Para el catedrático honorario de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid Bernabé López García, Túnez “vive momentos de incertidumbre ante el temor de una deriva autoritaria. El período de 30 días abierto por el presidente es clave para encauzar el país en una nueva dirección, pero no aparecen por el momento síntomas que conduzcan a un diálogo nacional necesario para superar los desajustes constitucionales que han llevado al bloqueo institucional que ha paralizado al país”.
“No es momento para hombres providenciales y se echan de menos iniciativas como la preconizada por la central sindical, que en 2015 le valió el premio Nobel de la Paz (en unión con otras entidades empresariales y de derechos humanos) por haber contribuido a superar la grave crisis vivida por el país en 2013 y a que se aprobara por consenso la constitución de 2014”, escribe el especialista en temas magrebíes en un artículo reciente para el Real Instituto Elcano. Con todo, el especialista español en temas magrebíes deja a NIUS desde la capital tunecina un mensaje de cierta calma: “Hay riesgos, pero no soy por el momento pesimista”.
La oposición –incluida Ennhada, consciente ya de que el nuevo escenario no será flor de un día- y la comunidad internacional –que ha optado por pedir prudencia y respeto por las instituciones de manera genérica- instan a Saied –que se ganó la simpatía de una gran parte de los tunecinos en el otoño de 2019 al presentarse como un outsider- a no hacer oídos sordos a la clase política y resto de actores sociales y económicos del país en esta coyuntura inédita.
Por el momento no hay indicios que hagan pensar en que la división política y social pueda desembocar en enfrentamientos violentos en las calles. Con todo, el riesgo no puede descartarse. “Todo dependerá de la evolución de las cosas mañana. Dependerá del comportamiento del presidente, que concentra hoy los tres poderes. Puede respetar su compromiso y hacer participar a las partes, a la sociedad civil, ser transparente… Como puede caer en una deriva autoritaria autocrática. Recordemos que los tunecinos ya saludaron el golpe de Estado sanitario de Ben Ali contra Bourguiba en 1987”, explica a NIUS un consultor marroquí afincado en Túnez que prefiere no ser citado por su nombre.
“Evitar el potencial de la violencia exige a Saied y a los partidos políticos que rebajen la escalada y negocien una salida a la crisis. Será crítica la posición de la Unión General de Trabajadores y otros actores de la sociedad civil: ¿cuánto tardarán en mediar para lograr una salida?”, se pregunta el investigador Sharan Grewal en un artículo para The Brookings Institution.
El hartazgo por el bloqueo y la inoperancia política, la situación sanitaria –la pandemia golpea con dureza- y el deterioro de la situación material explican el voto de confianza del pueblo tunecino, orgulloso protagonista de la única democracia árabe, al presidente Saied. De manera prudente y acertada, la UE y Estados Unidos le han pedido que dialogue y recupere cuanto antes el funcionamiento de las instituciones democráticas. Los retos del veterano profesor de Derecho Constitucional son ingentes. Oposición y sociedad civil no le perdonarán un fracaso, que puede ser el de la Segunda República tunecina.