"Condenamos firmemente la confirmación de las penas de muerte a 183 personas, lo que supone una nueva condena en masa (...) en el marco de decisiones políticas tomadas por los tribunales tras el golpe de Estado de julio de 2013", ha indicado el Ministerio de Exteriores.
"Es obvio que Egipto, donde el número de prisioneros políticos ha ascendido hasta 20.000 desde el golpe de 2013, no puede alcanzar una paz y estabilidad duradera a través de sentencias masivas a muerte, que dañan las conciencias humanas y quedan lejos de un juicio justo", ha agregado.
Desde el derrocamiento en julio de 2013 del entonces presidente egipcio Mohamed Mursi, el nuevo Gobierno --cercano al expresidente Hosni Mubarak-- y sus aliados Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), han lanzado una campaña para hacer retroceder lo que consideran una amenaza planteada por movimientos islamistas como Hermanos Musulmanes. En el lado opuesto se encuentran los gobiernos de Turquía y Qatar.