La lucha de poder entre los Gobiernos de los 27 y el Parlamento Europeo podría hacer naufragar el nuevo sistema de multas a los países con déficit y desequilibrios excesivos, que debían aprobarse este mes. Las sanciones constituyen uno de los pilares fundamentales de la respuesta de la UE para prevenir nuevas crisis de deuda y países como Alemania las consideran una condición previa para aprobar el segundo rescate a Grecia.
Las negociaciones se acelerarán esta semana ya que el pleno de la Eurocámara tiene previsto votar la nueva legislación el 23 de junio. Si no hay acuerdo con la presidencia húngara antes de esa fecha, la aprobación se retrasará varios meses hasta que haya un pacto en segunda lectura.
Los ministros de Economía de los 27 ya alcanzaron un acuerdo provisional el pasado 15 de marzo sobre multas de hasta el 0,2% del PIB, que en el caso de España ascenderían a 2.000 millones de euros, para los países con déficit y desequilibrios excesivos.
Sin embargo, el Banco Central Europeo (BCE) ha denunciado que el nuevo modelo es insuficiente para prevenir futuras crisis de deuda y ha reclamado a la Eurocámara, colegislador en la materia, que lo endurezca. Las sanciones no son casi automáticas como defendía la Comisión, se da más tiempo a los países incumplidores para corregirse y más peso a las decisiones políticas del Ecofin, que en el pasado ha aprobado incumplir el Pacto de Estabilidad.
Tras varias semanas de negociaciones, el principal punto de desacuerdo entre los Gobiernos y la Eurocámara se encuentra en que los parlamentarios quieren extender el uso del mecanismo del voto por mayoría inversa incluso a la parte preventiva del Pacto de Estabilidad.
De este modo, las sanciones serían casi automáticas, como quiere el BCE, ya que cualquier propuesta presentada por Bruselas se consideraría adoptada a menos que el Consejo la rechace por mayoría cualificada. El objetivo es reforzar la independencia de la Comisión y prevenir las interferencias políticas de los ministros de Economía durante el proceso sancionador.
Pero la mayoría de Estados miembros considera inaceptable aumentar el uso del voto por mayoría inversa.
Tampoco hay acuerdo sobre quién debe definir los indicadores y umbrales que se utilizarán para castigar a los países con desequilibrios excesivos, como burbujas inmobiliarias. El Parlamento exige más poder en esta materia.
Los Gobiernos han aceptado la petición de la Eurocámara de que se creen nuevas sanciones para los países que manipulen sus estadísticas, como hizo Grecia.
En cambio, han diluido la pretensión del Parlamento Europeo de poder obligar a comparecer a cualquier ministro de Economía de la UE inmerso en un proceso sancionador. Finalmente, la Eurocámara no podrá forzar a los ministros.