La Unión Africana rechaza el dictamen de la CPI mientras Sudán prepara una ofensiva diplomática

El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) expresó su disconformidad con la orden de arresto contra Bashir por crímenes de guerra y lesa humanidad en Darfur.

La fiscalía de la CPI acusa a Al Bachir de crímenes de guerra y lesa humanidad presuntamente cometidos en Darfur, en el oeste de Sudán, aunque ha desestimado el cargo de genocidio.

En un comunicado emitido hoy en su sede de Addis Abeba el organismo de la UA instó al presidente de su Comisión, Jean Ping, a enviar una delegación al Consejo de Seguridad de la ONU para tratar de convencerlo de que deje sin efecto la medida contra el presidente sudanés.

"Lamentamos que esto haya ocurrido, pese a nuestra solicitud de que la orden de detención fuera suspendida por un año", dijo a la prensa el embajador de Burkina Faso en Etiopía, Bruno N. Zidouemba, quien es también el representante permanente de su país en la Unión Africana.

La Presidencia de la Unión Africana, que ejerce actualmente el líder libio, Muamar el Gadafi, manifestó que no acata la orden de detención contra Bachir, que consideró "injustificada y contraria a todas las reglas del derecho internacional".

Entretanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores sudanés convocó hoy a los embajadores y encargados de negocios de países árabes y europeos en Jartum para informarles de la protesta de Sudán por la orden de arresto contra el presidente Al Bachir.

En declaraciones a la prensa, el secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Metref Sediq, afirmó que su país tratará "con toda firmeza a las delegaciones extranjeras en Sudán, que tengan otras agendas distintas de las que tenían antes".

En rueda de prensa en Ginebra, el presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel d'Escoto Brockmann, lamentó la orden de arresto contra Bachir, pues, en su opinión, "está más motivada por razones políticas que realmente por el deseo de hacer avanzar la causa de la justicia en el mundo".

Por su parte, el jefe de la diplomacia comunitaria, Javier Solana, ha deplorado la expulsión por orden de las autoridades de Sudán de una decena de organizaciones humanitarias extranjeras que trabajaban en ese país, en represalia por la orden de detención dictada contra Al Bachir.

"Deploramos al máximo la decisión ya que las ONG están allí para proveer de ayuda humanitaria vital a los más vulnerables", ha declarado Solana, a través de su portavoz, Cristina Gallach.

Pese a la orden de expulsión, la Comisión Europea financiará con 110 millones de euros en 2009 los programas de ayuda humanitaria que desarrollan las organizaciones humanitarias internacionales en Sudán, según afirmó hoy en Bruselas el portavoz de Desarrollo del Ejecutivo comunitario, John Clancy.

Como consecuencia de la orden de expulsión de las diez agencias humanitarias, más de dos millones de personas corren peligro de inanición y enfermedad en Sudán, advirtió hoy Amnistía Internacional (AI).

"Millones de vidas están en peligro y no es el momento de hacer juegos políticos", dijo Tawanda Hondora, subdirectora para África de AI, quien acusó al Gobierno sudanés de convertir en rehén a toda la población de Darfur al expulsar a las organizaciones no gubernamentales.

El portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Hasán Qashqavi, calificó de "injusta" la orden de arresto contra el presidente sudanés y manifestó que "oculta motivos políticos, es una violación flagrante de la ley internacional y mina la inmunidad de los jefes de Estado".

Turquía expresó su escepticismo acerca de la orden de detención contra Al Bachir, alegando que esa decisión puede causar más problemas en Sudán.

En declaraciones desde Bruselas a la cadena de televisión NTV, el ministro de Exteriores turco, Ali Babacan, dijo que Ankara considera que los problemas de Darfur "no pueden ser resueltos sin el liderazgo y la cooperación" de Al Bachir.

Entretanto, en su primera comparecencia en público tras emitirse la orden de arresto, Al Bachir aseguró hoy que Estados Unidos y los países europeos son los que deben sentarse ante la Corte Penal Internacional (CPI).

"Los mentirosos y los verdaderos criminales en Europa y EEUU quieren juzgar a las personas honradas. Los que han robado la riqueza de los pueblos son los tienen que sentarse frente al tribunal", dijo Al Bachir ante miles de personas reunidas en Jartum.