Entre las mismas ha enumerado las amenazas y registros forzosos de los vehículos, vuelos y convoys de la ONU, al tiempo que ha recalcado que las mismas suponen una violación del Acuerdo sobre el Estatus de las Fuerzas (SOFA) firmado por el Gobierno y Naciones Unidas.
Por ello, ha pedido a Yuba que respete su obligación de garantizar la seguridad y la libertad de movimiento de las tropas de pacificación y del personal humanitario, recordando que dicha libertad es "esencial" para cumplir su mandato.
La semana pasada, la Oficina Para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCAH) cifró en más de un millón el número de desplazados a causa del conflicto en Sudán del Sur, de los cuales 803.200 son desplazados y 254.000 han buscado refugio en los países vecinos.
En su informe, el organismo indicó que el conflicto "ha causado un grave deterioro de la seguridad alimentaria", dejando a alrededor de 3,7 millones de personas en situación de alto riesgo.
Asimismo, dijo que alrededor de 4,9 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, al tiempo que advirtió de que "la dispersión de los lugares en los que se encuentran hacen difícil que la ayuda llegue a los afectados".
Por otra parte, apuntó que Naciones Unidas ha recibido únicamente una cuarta parte del dinero que necesita para hacer frente a la situación, que, si bien atraviesa una etapa de menor tensión, sigue deteriorando la situación de la población.
A finales de marzo, las fuerzas gubernamentales expulsaron a los rebeldes de Malakal, la capital del estado de Alto Nilo, uno de los productores de petróleo, mientras los intentos por retomar las conversaciones de paz siguen fracasando.
Los últimos combates ponen de manifiesto la falta de avances en las conversaciones de paz entre el Gobierno del presidente, Salva Kiir, y los rebeldes leales al exvicepresidente Riek Machar, que no han hecho comentarios sobre la situación en Malakal.
Estaba previsto que las negociaciones se reanudaran la semana pasada, pero el Gobierno sursudanés no envió a su delegación a la vecina Etiopía, que está ejerciendo de anfitriona, en una disputa sobre quién debería estar representado.
Yuba se opone a que siete antiguos presos políticos liberados formen una tercera parte en las conversaciones. Estos fueron liberados en enero pero el Gobierno dice que todavía podrían enfrentarse a cargos penales por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado.