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Luis Humberto de la Sotta Quiroga era Capitán de Navío y segundo comandante de la Armada venezolana. Pertenecía al grupo de las fuerzas especiales de Venezuela, el equivalente a los Navy Seals en el país caribeño. De la Sotta estaba destinado en la base naval de la bahía de Turiamo, en el Estado Aragua, en el centro norte del país. Esta zona es uno de los destinos turísticos por excelencia de Venezuela y allí conviven el turismo local y otrora internacional, las playas blancas y el agua de mar azul turquesa, los militares y una de las casas de playa presidenciales más escondidas.
De la Sotta fue detenido en su puesto de trabajo junto a otro compañero el 18 de mayo del año 2018, dos días antes de que se celebrasen las cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela que le dieron la victoria a Nicolás Maduro. Ocho hombres fuertemente armados pertenecientes al DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) aparecieron en su oficina, y sin mediar palabra se los llevaron detenidos en helicóptero hasta la sede principal de este cuerpo militar en Caracas, que en los últimos años ha sido reestructurado por el Ejecutivo designando en los puestos de mando a los hombres de confianza del presidente.
La detención de De la Sotta Quiroga y sus compañeros se enmarcó en lo que el gobierno chavista denominó “Operación Armagedón”, el presunto intento de golpe de Estado que, según los informes de la DGCIM, varios efectivos militares activos y retirados trataron de efectuar antes de las elecciones de ese año para ejecutar el magnicidio de Maduro. Estos mismos informes sostienen que el financiamiento y asesoramiento de esa presunta sublevación militar vendría de los Estados Unidos y Colombia.
Un total de 33 militares como De la Sotta fueron detenidos en el marco de la Operación Armagedon sin pruebas, y más de dos años y medio después, 13 continúan en las celdas de tortura de los sótanos de la contrainteligencia militar venezolana. Incluido el propio De la Sotta, que según denuncia el Comisionado de los DDHH y Atención a las Víctimas de la Asamblea Nacional, se trata de uno de los presos más torturados actualmente en los sótanos del edificio, situado en el este de Caracas, en una zona llamada Boleíta, y justo enfrente del canal de televisión oficialista teleSUR.
“La DGCIM es el centro de tortura del régimen”, sostiene Molly de la Sotta, hermana de Luis de la Sotta, en entrevista exclusiva con NIUS desde su residencia en EEUU, donde tuvo que mudarse hace seis años por motivos políticos.
Molly se ha convertido en una de las principales valedoras de la causa de su hermano, dentro y fuera de Venezuela. Para los casos de los militares encarcelados por el gobierno chavista, creó una ONG que se llama “Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela”, y a través de esta plataforma, ella y otros familiares de víctimas, denuncian la constante violación de derechos humanos y vejaciones que sufren los reos como su hermano, pertenecientes a las Fuerzas Armadas y condenados por los delitos de “traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar”.
Molly de la Sotta y su familia todavía están esperando un juicio justo para su hermano. Su madre, de 83 años de edad, es la encargada de ir a visitar a su hijo cuando se lo permiten, algo que no ocurre desde que comenzase la pandemia en el país y decretasen la suspensión indefinida de las visitas. Hasta la semana pasada, el capitán de navío tampoco había podido hablar con su abogado desde hacía diez meses.
“Cuando llegó a la DGCIM, a mi hermano lo metieron en la celda que llaman El Tigrito”, explica Molly a este diario. “Esa es la primera celda donde meten a los recién llegados. Es un cuarto de 2x2 y permaneció allí cuatro días tirado en el suelo con una capucha puesta en la cabeza. Le rompieron las muñecas con las esposas y durante todos esos días le realizaron diferentes torturas: asfixia plástica, le pegaban con palos, le pusieron polvo lacrimógeno en la capucha, electricidad en el cuerpo y genitales… Tampoco le dieron comida ni le dejaron ir al baño en todo ese tiempo”, sostiene.
El objetivo, según su hermana, era que se confesase culpable y dijese que detrás de toda la operación estaba la líder opositora venezolana María Corina Machado, algo que el militar nunca reconoció. Después de eso, “fue presentado con sus ropas sucias y las torturas evidentes en el cuerpo frente a la jueza Claudia Mogollón. Mi hermano denunció que había sido torturado y la jueza dijo que eso no era de su competencia, así que la fiscalía nunca inició una investigación”, explica.
Luis de la Sotta pasó los siguientes 4 meses en otra sala de tortura. En esta ocasión la conocida como “El Cuarto de los Locos”. “Es un lugar sin ventanas y allí permaneció en el suelo como un animal, viviendo entre sus excrementos. Tenía que hacer sus necesidades en un envase de plástico que nunca limpiaban. Solo le permitían ir al baño una vez a la semana, antes de la visita familiar”.
Y después de eso, lo trasladaron a una de las últimas adquisiciones de la DGCIM, en uno de los sótanos destinados a los militares presos o a los privados de libertad acusados de delitos considerados graves como el de traición a la patria. Se trata de la denominada “Casa de los Sueños”. Un conjunto de 16 celdas divididas en dos pisos. Son nuevas, apenas cuentan con dos años de vida. Las medidas de los habitáculos de La Casa de los Sueños son de 2,50 x 1,90 metros. No hay ventanas ni reciben luz natural de ningún tipo. Están cerradas con una puerta de hierro sólido que tiene un agujero pequeño por donde les pasan la comida que les llevan los familiares semanalmente. Un preso que no cuenta con la ayuda familiar recibe la comida putrefacta que le da la DGCIM con el único objetivo de que no muera de inanición, pero no tienen derecho a otros insumos básicos como agua potable o jabón para lavarse, lo que provoca enfermedades víricas e incluso fallecimientos prematuros.
Según un informe demoledor presentado este jueves por el Comisionado para DDHH y Atención a las Víctimas de la Asamblea Nacional a la que representa la oposición mayoritaria de Juan Guaidó, el tipo de torturas que se están realizando en la actualidad en La Casa de los Sueños son: torturas físicas y psicológicas como privación de luz solar y mantenimiento constante de luz blanca artificial, grabar las conversaciones de los familiares de los detenidos, el hacinamiento y las requisas intrusivas y violentas a los reos por parte de los funcionarios de la DGCIM.
Este informe, con título “Relatos de Tortura: La Realidad Silenciosa de los Militares Privados de Libertad", se ha presentado por primera vez y examina 22 casos de personas pertenecientes a la FANB, quienes fueron señalados por su presunta responsabilidad en la ejecución de actos contra el régimen. Las causas registradas en el documento, aparte de la mencionada Operación Armagedón, son: el Golpe azul, Francotiradores, Operación Libertad, Paramacay, Drones, Cotiza, Constitución y la Operación Vuelvan Caras entre otras.
De los 22 casos reconocidos, 21 corresponden a víctimas de sexo masculino y 1 de sexo femenino, de alta, media y baja jerarquía. De los 378 presos políticos que esta Comisión contabiliza hasta el 31 de octubre de 2020, el 60.58% son funcionarios activos o retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que fueron privados de libertad arbitrariamente por presuntamente realizar, instigar o planear “actos subversivos en contra del gobierno de Hugo Chávez o del ilegitimo régimen de Nicolás Maduro”, dependiendo del caso.
El informe detalla cómo son otras de las salas de tortura ubicadas en la DGCIM y por las que también ha pasado Luis de la Sotta. Una de las peores es la conocida como “El Ataúd”, donde De la Sotta permaneció 12 horas. Se trata de una “caja” de 60 x 60 x 2,75 metros de alto. “Es un ataúd, literalmente”, sostiene Molly. “Tienes que estar de pie, a algunos los dejan allí hasta 36 horas”.
“La Nevera” y “El Ascensor” completan el set. La Nevera la utilizan para someter a los presos desnudos a temperaturas muy bajas durante horas, y El Ascensor es un hueco debajo de un ascensor de la DGCIM donde han metido a algunos privados de libertad hasta cinco meses.
“Mi hermano ya no puede más. La primera vez que lo visité me dijo: “hermana, esto es como un campo de concentración moderno”. Recuerdo que estaba todo rapado y su olor era horrible porque no le dejaban bañarse salvo una vez a la semana. Quieren que se declare culpable, pero él no lo va a hacer. Él pelea mucho, discute, y por eso lo torturan tanto. Cuando pelea, sé que está bien”, explica Molly desde su casa en EEUU.
Entre los actos de tortura física y mental infringidas a las víctimas, el informe destaca la desnudez forzada y amenazas de desmembramiento o quemaduras, golpizas en distintas partes del cuerpo con objetos contundentes (entre ellos tablas, bates, palos de pico y fusiles), asfixia por ahorcamiento, inmersión del rostro en tobos de agua, en bolsas plásticas (frecuentemente impregnadas de gas lacrimógeno), electrocución en distintas partes del cuerpo, esposas excesivamente apretadas, suspensión con cadenas, aislamiento, privación de agua y alimentos por tiempo prolongado, sometimiento a bajas temperaturas y prohibición de aseo durante días.
Asimismo, la Comisión señala que debido a las practicas sufridas, los militares privados de libertad necesitan atención médica según sus patologías, ya que en algunos de los casos los daños causados son irreversibles e incluyen parálisis permanente de distintas partes del cuerpo, infertilidad derivada de un aborto forzado, mutilación física y pérdida absoluta de uno o más de los sentidos.
Durante los meses de pandemia por el coronavirus, los familiares de los militares encarcelados en el DGCIM, incluida la familia de De la Sotta, solicitaron atención médica y traslado al hospital por la Covid-19, algo que no fue atendido en ninguno de los casos.
En una carta que la propia Molly de la Sotta en representación de varias familias miembro de su ONG, envió el pasado mes de agosto a la Alta Comisionada de los DDHH, Michelle Bachelet, cuya oficina tiene representación permanente en Venezuela, solicitan el apoyo formal a las víctimas y la actuación inmediata de la comisionada de las Naciones Unidas ante lo que consideran que son violaciones constantes de los derechos humanos más básicos.
Según la hermana del capitán de navío, Bachellet y su grupo de trabajo no están cumpliendo con sus objetivos en el país de reformular y mejorar el sistema judicial venezolano. “De nuestra última reunión con esta Comisión de la ONU salimos frustrados. Nos dijeron que debíamos ser nosotros, los familiares, quienes presionáramos para que liberaran a mi hermano y al resto de militares presos. ¿Cómo es posible? Quien debe presionar al gobierno de Maduro son ellos porque son las Naciones Unidas y tienen potestad. Les ampara el derecho internacional. ¿Quiénes somos nosotros?”.
En la misiva, los familiares de las víctimas solicitaban la liberación inmediata de los militares encarcelados ilegalmente durante uno, dos, tres y hasta cuatro años sin juicio, así como para los militares sin Audiencia Preliminar por más de un año.
“A mi hermano lo detuvieron porque denunció la corrupción de sus superiores, y se había enfrentado a su jefe directo, el Contralmirante Edward Ojeda Sojo, al que denunció porque se robaba la comida que llegaba a la base para hacer negocio vendiéndola por su cuenta”, explica Molly. Ojeda Sojo fue ascendido a posteriori y después de la detención de Luis de la Sotta.