La reacción de Sala no ha evitado nuevos pronunciamientos políticos en contra de la decisión del TC, sobre todo después de ver la imagen del etarra Ander Errandonea, que tras cumplir 25 años de prisión, ha salido hoy de la cárcel de Herrera de la Mancha con un cartel en favor de Bildu en el que aparecían dibujadas unas manos depositando votos en una urna.
Para quienes se oponen a que Bildu pueda concurrir a los comicios del 22 de mayo, esa foto es un dato y una prueba más de que ETA esta detrás de la coalición integrada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba y abertzales independientes.
Así lo creen el portavoz del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti y la portavoz de este partido en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaria, para quienes la foto deja clara la conexión entre ETA y Bildu.
Sáenz de Santamaría ha pedido al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que aplique la ley e impida que la coalición abertzale acuda a las elecciones, mientras el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, también ha expresado su "profundo rechazo" a la imagen del expreso de ETA y ha mostrado su convencimiento de que la Abogacía General del Estado estudiará si tiene alguna trascendencia.
En ese caso, el Gobierno y la Fiscalía tienen de plazo hasta el jueves para presentar un nuevo recurso en el Tribunal Supremo (TS) contra las candidaturas de Bildu si creen que hay nuevos datos que muestran que la coalición incumple la ley de partidos, según la última reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), aunque la última palabra volvería a tenerla el Constitucional.
Jose Antonio Alonso también ha secundado a Pascual Sala en la defensa de la independencia del TC, cuya posición -ha dicho- "tiene que ser respetada por definición".
El presidente del Constitucional, que ha ofrecido una conferencia en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, ha defendido que los magistrados puedan tener ideología.
Si no la tuvieran "serían monstruos", ha dicho Sala, pero ha llamado a no confundir esto con la independencia que tienen los magistrados porque supone un "ataque a su honradez".
La sentencia sobre Bildu también ha provocado distintos posicionamientos entre las asociaciones de jueces, que discrepan a la hora de valorar si el Constitucional se ha extralimitado o no en sus funciones y si ha podido invadir competencias del Supremo, como mantienen en sus votos particulares los cinco magistrados discrepantes.
Así, Pablo Llarena, el portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha dicho a Efe que si al Supremo le toca valorar las pruebas que se le han presentado, el TC solo debería después comprobar si esa valoración sigue "parámetros de la lógica racional".
Por el contrario, José Luis Ramírez, de la progresista Jueces para la Democracia (JpD) ha considerado que no ha habido extralimitación alguna por parte de los magistrados del TC ya que se trata de un nivel diferente de análisis que el que efectúa el del Supremo.
De la misma opinión es la asociación Francisco de Vitoria, cuyo portavoz, Marcelino Sexmero, ha recordado que el TC en los recursos de amparo, especialmente cuando son contra sentencias del Tribunal Supremo, se sitúa frecuentemente al borde de lo que supone la valoración de las pruebas.