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Andrea Castromil sabe de primera mano lo que el cáncer supone en una familia. Su padre falleció por un tumor, su madre sufrió otro y su marido ha recaído de un cáncer de pulmón. La primera vez que lo tuvo, con metástasis cerebral incluida, ella le cuidó, le ayudó, le llevó a los tratamientos, a los médicos... Y un día, en su trabajo, después de preguntarle cómo estaba, le apostillaron: "Por cierto, ¿sabes que este año ya llevas fuera 42 días?"
Sabedora de lo difícil que es reincorporarte a la vida laboral tras ser cuidadora de un enfermo, o, mucho peor, si has padecido un cáncer, creó la Fundación NARU, que se dedica al asesoramiento laboral de personas enfermas de cáncer y sus familias. Tiene grabado a fuego en la mente el caso de una mujer que sufrió acoso laboral de sus compañeros cuando se reincorporó a su puesto, ya que tenía secuelas que le impedían trabajar al cien por cien. O el de otra mujer que trabajaba en un almacén levantando cajas de 15 kilos y a la que no concedieron la incapacidad porque en las pruebas que le realizaron solo comprobaron que podía levantar los brazos y ponerse de puntillas. O el de otra chica que se cogía días de vacaciones para ir a las sesiones de quimioterapia porque decía que "quería hacer las cosas bien" y cuando terminó su tratamiento fue despedida.
Uno de los pocos estudios que hay al respecto es de la Asociación Española Contra el Cáncer, que, con datos de 2018 reveló que la media de días de baja por un proceso oncológico es de entre 280 a 365 días. Esta última cifra es el máximo que permite la ley. Más allá hay que pedir prórrogas y, en último término, la incapacidad laboral permanente. Pero incluso solicitar esta última es un proceso que añade más dolor al de la enfermedad.
Amaia -nombre ficticio- recibió, en medio de su tratamiento, una carta de la Tesorería de la Seguridad Social que decía: "Se va a proceder a la finalización de su contrato". La mujer cuenta que fue un 14 de agosto, que se asustó mucho y que no sabía que quería decir: "Al final logré enterarme de que había agotado todas las prórrogas de incapacidad temporal previstas en la ley y que ya tenía que solicitar la incapacidad permanente. Desde ese día hasta que la conseguí no percibí salario. Luego me lo pagaron todo retroactivamente, pero en ese tiempo no tuve ingresos", lamenta. A su lado otra mujer confiesa que entró a quirófano muy preocupada porque no le había dado tiempo a realizar todas las gestiones administrativas para su incapacitación.
Ambas comparten experiencias en el congreso que ha organizado la Sociedad Española de Oncología Médica en Madrid, en el que se ha hecho hincapié en el después de un cáncer. La supervivencia de la mayoría de tumores está aumentando gracias a la investigación y esto plantea nuevos retos.
Por ejemplo, en el tumor más frecuente entre mujeres, el de mama, las cifras permiten obtener conclusiones muy fáciles. La supervivencia de mujeres con cáncer de mama en edad laboral es del 85%, pero de todas esas que se curan tan sólo el 53% retorna al trabajo de forma efectiva. Es decir, el 47% nunca vuelve a trabajar, bien sea por incapacidad, porque desisten al ser despedidas una y otra vez. En el año 2018 solicitaron la incapacidad permanente 2.201 trabajadoras, el 18% de las mujeres que habían tenido una baja de un año o más por un cáncer.
Las dificultades laborales son, en parte, culpables de lo que el doctor Martín Lázaro, oncólogo del hospital de Vigo, explica como "toxicidad financiera del cáncer". Es decir, la carga económica que supone la enfermedad, bien sea por tratamientos -cremas, por ejemplo- o terapias -fisio, psicólogos- no financiadas por la seguridad social o cubiertas insuficientemente por la sanidad pública. Si a esos gastos añadimos la pérdida de masa salarial por la baja, o por excedencias, se dificulta mucho la reinserción de los pacientes y sus familias.
Desde 2010 hasta la actualidad, la Asociación Española Contra el Cáncer ha identificado un incremento del 197% de las demandas sociales que recibe por parte de los pacientes y familiares de cáncer, y un aumento de un 104% en el caso de las demandas de ayudas económicas.