La Generalitat Valenciana, contra el "acoso inmobiliario": establece multas de hasta casi un millón de euros
La Generalitat Valenciana ha aprobado el decreto que tipifica el "acoso inmobiliario"
Este acoso se tipifica por primera vez con sanciones desde los 10.000 a los 950.000 euros
La falta de alquiler provoca precios disparados y ofertas locas
La Generalitat Valenciana podrá hacerse durante un plazo de hasta siete años con las viviendas en manos de grandes propietarios que se encuentren vacías para hacer frente a casos de personas en situación de vulnerabilidad.
Esta ley también pone el foco en el acoso inmobiliario, que se tipifica por primera vez con sanciones desde los 10.000 a los 950.000 euros.
MÁS
Contra el acoso inmobiliario
El título preliminar, que engloba los artículos 1 y 2, delimita el objeto y el ámbito de aplicación del decreto ley y establece la definición de las nociones que se manejan en el cuerpo de este, así como otras disposiciones generales necesarias para la seguridad jurídica de la norma.
Como novedad, tipifica y regula la definición del acoso inmobiliario, que el decreto ley define como toda acción u omisión en perjuicio de la persona ocupante de una vivienda con el fin de perturbarla en el uso y disfrute pacífico de la misma, incluso generando un entorno material, social, personal o familiar hostil o humillante.
Especialmente si dicha conducta se realiza con intención de forzar a la persona ocupante a desalojar la vivienda o a adoptar cualquier otra decisión no deseada sobre el derecho que pudiere ampararle de uso y disfrute de dicha vivienda. A este respecto establece un régimen sancionador.
"Trabajar por proteger a la gente", explican desde la Generalitat
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, explicó en una entrevista con Europa Press que esta normativa es una "apuesta política" de su departamento y cree que él mismo manda un "mensaje muy claro" con su aprobación: "Voy a combatir los abusos de los fondos buitre y voy a trabajar por proteger a la gente".
El objeto del decreto es dotar a las administraciones públicas valencianas de instrumentos legales para que, de manera urgente y eficaz, garanticen y protejan el derecho de todas las personas a acceder a una vivienda digna y adecuada en condiciones de igualdad y no discriminación, especialmente a aquellas personas y unidades de convivencia en situación de emergencia residencial, en el marco de la crisis económica y social existente.