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Un informe de Esade titulado ‘El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas’ ha concluido que la mayoría de estos centros educativos cobran cuotas “ilegales” a las familias. El 90% en el caso de los colegios concertados de mayor tamaño, y entre el 60 y 70% en lo referente a los centros medianos y pequeños, como informan en el vídeo Juan Tejón y Josemi González .
Concretamente, para su elaboración, la investigación recoge dos bases de datos elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La primera mira al fenómeno desde el lado del pago de cuotas (familias) y la segunda desde el lado del cobro (centros educativos).
Así, han observado que, mientras un 67% del alumnado acude a centros de titularidad pública, cerca de un 30% lo hace en centros financiados con fondos públicos pero de titularidad privada, --los llamados centros concertados--, siendo un solo un 4% los que acuden a centros privados autofinanciados.
En este sentido, lo primero que subraya el informe en las conclusiones del estudio es que, actualmente, "no hay gratuidad universal para acceder a la escuela concertada" en España.
Más allá, señalan, la concertada, en comparación con la pública, escolariza en una proporción mucho menor al alumnado de renta baja y origen migrante, lo cual "daña significativamente la igualdad de oportunidades y la equidad, uno de sus objetivos fundamentales".
La razón principal que explica la no gratuidad, señala el informe de Esade, es el sistema de financiación establecido para la escuela concertada y una regulación más laxa de sus servicios. "Ambos incentivan el cobro de cuotas, que son ilegales en teoría, pero habituales en la práctica", apunta el documento.
En este sentido, y ahondando en datos de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación (EGHE), realizada por última vez en 2019/2020, apuntan que, dependiendo de la etapa educativa, entre un 81% y un 95% del alumnado paga cuotas.
La cuota media se encuentra entre los 680 y los 860 euros al año por alumno (incluyendo a las familias que no pagan como equivalentes a una cuota de 0 euros), lo que supone una cantidad total entre los 947 y los 1.186 millones de euros para las tres etapas (Infantil, Primaria y ESO), dependiendo de la definición de cuotas que se use.
Por su parte, hay un 13% del alumnado que no paga cuota en estas etapas, mientras que un 18% pagan una cuota muy baja (de menos de 20 euros al mes por alumno).
En el lado opuesto, el 10% de alumnado que más cuotas paga asume el 45% del gasto total.
A ese respecto, el estudio advierte de que existen importantes diferencias de pago de cuota por renta de las familias: el 20% de renta más baja paga una media de 310 euros anuales de cuota, mientras que el 20% de renta más alta paga cuotas ligeramente superiores a los 1.000 euros.
El grueso de las cuotas, analizando los datos de las distintas comunidades autónomas, se concentra en un 70% del total en Cataluña, Madrid y País Vasco, donde más del 90% de las familias que acceden a centros concertados pagan cuotas, según refiere el informe de Esade.
Le siguen, con un porcentaje algo menor, la Comunidad Valenciana (82%) y Andalucía (60%).
La cuota media por alumno al año (solo de las familias que pagan) es de 1.696 euros en Cataluña, 1.156 euros en la Comunidad de Madrid, 959 euros en el País Vasco, 597 euros en la Comunidad Valenciana y 453 euros en Andalucía.
Más allá. Cataluña, seguida del País Vasco y Madrid, son las comunidades autónomas con mayor homogeneidad en el pago de cuotas entre familias, mientras que Andalucía muestra el reparto más desigual.
Más allá, y a partir de la Encuesta de Financiación y Gasto de la Educación Privada (EFGEP), el estudio realizado analiza el cobro de cuotas por parte de los centros educativos concertados y las razones por las que lo hacen.
Sobre ello, el informe revela que la financiación es "extremadamente desigual", con un 20% de centros con resultado económico negativo o esencialmente cero, otro 50% con un resultado económico positivo e inferior a los 300 euros por alumno al año y un 30% que tienen una clara situación de sobrefinanciación.
Concretamente, el porcentaje de centros que cobra cuota oscila entre un 66% y un 75%, dependiendo de la etapa educativa, según apunta el informe, que señala que la probabilidad de cobro de cuotas y la magnitud de la cuota pagada "es mayor en los centros con peor y mejor financiación, y más bajo en la zona intermedia de la financiación".
Estudiando los motivos y razones del cobro de estas cuotas, el informe hace alusión a tres situaciones posibles: centros infrafinanciados que cobran cuota para sobrevivir; centros adecuadamente financiados que cobran cuotas para hacer frente a gastos no concertados (esto es, partidas de gasto no contempladas por las administraciones educativas y que permiten ampliar los servicios ofertados); y centros bien financiados que cobran cuota por diferenciación o beneficio económico.
A este respecto, precisa que, para cada etapa educativa (Infantil, Primaria y ESO), un 17%, 20% y 19% respectivamente no cobran cuotas y están adecuadamente financiados; un 14,5%, 12% y 14,5% respectivamente no cobran cuotas y están infrafinanciados; un 23% en todas las etapas educativas sí cobran cuotas para cubrir el hecho de que están infrafinanciados; un 28%, 29% y 28% respectivamente sí cobran cuotas para cubrir gastos no concertados; y un 17,5%, 15% y 15% respectivamente cobra cuotas por diferenciación o beneficio económico.
Profundizando en ello con análisis específico para las cinco comunidades autónomas con mayor presencia del sector concertado, el estudio señala que Andalucía se caracteriza por una financiación baja respecto a la media nacional, unos gastos no concertados razonablemente contenidos en la mayor parte de la distribución de financiación y, sobre todo, el nivel más bajo de cuotas de entre todas las CCAA consideradas.
Cataluña muestra una financiación de la red concertada muy polarizada (centros muy bien financiados o muy mal financiados) y un cobro de cuotas casi universal que responde con la misma herramienta a realidades económicas opuestas, ya sean las de infrafinanciación (entre un 46% y un 53% de centros dependiendo de la etapa educativa) o las de diferenciación de la oferta o beneficio económico (entre un 25% y un 33% de los centros dependiendo de la etapa educativa).
Por su parte, en la Comunidad de Madrid hay una relación muy fuerte entre el cobro de cuotas y el resultado económico (los centros mejor financiados tienen una mayor probabilidad de cobrar y cobrar cantidades altas) y una enorme importancia del tamaño de centro para entender las dinámicas de cobro de cuotas.
En esta comunidad se identifica una proporción baja de centros infrafinanciados y una proporción ligeramente superior respecto a la media nacional de centros que cobran por razones de diferenciación respecto a otros centros o beneficio económico.
Por otro lado, la Comunidad Valenciana presenta una relación positiva entre el cobro de cuotas y el resultado económico (especialmente en la ESO), una enorme importancia del tamaño de centro para entender las dinámicas de cobro de cuotas y una proporción elevada de centros con infra- financiados (casi un 40%) con cuotas bajas que viven una situación precaria a nivel financiero.
Finalmente, el País Vasco presenta unos niveles de financiación muy elevados en relación con la media nacional y la proporción más baja de centros infrafinanciados. También se observa una relación más débil entre el tamaño del centro y el cobro de cuotas, que son generalizadas y superiores a la media nacional y, sobre todo, una enorme importancia de los gastos no concertados, los más elevados de todas las CCAA analizadas, que constituyen la razón principal para el cobro de cuotas.
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