De todos modos, Ben Magec reconoce que la decisión del TS conocida ayer martes, 5 de junio, "paradójicamente el Día Internacional del Medio Ambiente, no es una buena noticia ni para el medio ambiente ni para la sociedad canaria, que viene movilizándose en contra de las prospecciones petrolíferas que se quieren poner en marcha en aguas cercanas a Canarias".
Sin embargo, matiza en un comunicado, que lo que se desprende de la decisión adoptada por el TS es la desestimación, con unos argumentos "muy cuestionables", del incidente de ejecución de la sentencia de 2004. De tal forma, que indica que esto implica que "dentro del recurso que se inició en 2002 a instancia del Cabildo de Lanzarote, se declare que el Real Decreto de marzo de 2012, es nulo porque es contrario a la sentencia que ya el propio TS había dictado en 2004".
En este sentido, puntualiza que el recurso ahora desestimado de 2002 contra el RD de 2001 "no tiene que ver con los nuevos recursos contencioso administrativo que han decidido interponer Ben Magec-Ecologistas en Acción, los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, el propio Gobierno de Canarias, Greenpeace y Adena WWF, contra el RD de 2012".
Así, Ben Magec incide en que estos "nuevos recursos" que han sido admitidos a trámite contra el Real Decreto de marzo de 2012, con el que se autoriza las concesiones a Repsol, continúan su tramitación y sobre ello "aún no se ha pronunciado el TS".
Y es con estos recursos, añade, con los que se persigue que "sea estimada la pretensión de nulidad, no sólo por cuestiones de forma, sino, sobre todo, por motivos de fondo, como la insuficiencia o falta de rigor de los estudios de impacto ambiental, modificación sustancial del alcance de las concesiones, criterios científicos, técnicos, jurídicos" entre otros. Estos motivos, resalta, están sustentados en nuevos argumentos en los que Ben Magec viene trabajando.
"GRAVE RETROCESO DEMOCRÁTICO"
Por otro lado, Ben Magec ha criticado la "actitud irresponsable" del PP y del ministro de Industria, José Manuel Soria, ya que entiende que supone un "grave retroceso democrático" y una "absoluta falta de respeto" a las instituciones autonómicas.
Para el colectivo ecologista la actuación del Gobierno central "esconde la sumisión" a los "intereses particulares" de Repsol, empresa que aseguran tiene un "negro" currículum, por lo que "no supone ninguna garantía de prosperidad para el archipiélago y para la integridad del medio ambiente sino más bien todo lo contrario".
Estos argumentos lo basan, señalan, en que el nuevo decreto "se ha tramitado por vía de urgencia, impidiendo que la sociedad canaria pueda manifestar su opinión a través de alegaciones, algunas de las cuales, sobre todo científicas, hubieran sido muy importantes".
Asimismo, critica que se trata de un procedimiento donde "no sólo se están aplicando leyes de hace tres décadas" sino que se basa en avales económicos que "ya no se corresponden con la realidad" y "se pretende evitar la aplicación de la nueva legislación europea, que entrará en vigor en enero de 2013 que resultará mucho más restrictiva".
Además, recuerdan que en 2004, los tribunales suspendieron este proceso con argumentos "más que sólidos" pero ahora, por la "vía forzosa, el Ministerio intenta reactivarlo a través de una convalidación, que preocupantemente hoy parece admitir el Tribunal Supremo".
Finalmente, recordó que han pasado "muchas cosas" entre la sentencia de 2004 y el Real Decreto de 2012, "gravísimos accidentes" de vertidos de petróleo como el del Golfo de México.