La Comisión Permanente del colectivo médico decidió el pasado viernes personarse como codemandado de la Administración en todos los recursos interpuestos y que vayan a interponerse contra el citado decreto, que entre otras cuestiones solicitan la suspensión cautelar del párrafo segundo del artículo 3.2 del Real Decreto.
Dicho artículo establece que para que los enfermeros usen un fármaco sujeto a prescripción es necesario que el correspondiente profesional prescriptor (el médico) haya determinado previamente el diagnóstico, prescripción, protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir.
El CGCOM mantiene su postura de acuerdo con este artículo ya que "recogía las propuestas de la profesión médica siempre en el marco de la mejor protección de la salud, de la seguridad de la atención y de la efectividad alcanzada por el tratamiento de los pacientes".
En este sentido, entienden que queda "perfectamente delimitado" el campo de actuación y competencias de ambas profesiones respecto a las responsabilidades de médicos y de profesionales de enfermería en relación a los medicamentos sujetos por ley a prescripción médica, y es "acorde a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en lo relativo a que la responsabilidad del diagnóstico, tratamiento y prescripción corresponde al médico".