La denunciante es una joven universitaria de Lugo a la que sus padres le pagan el piso que comparte y le abonan 600 euros mensuales. No contenta con la cifra, reclamó una subida de 200 euros, hasta los 800 euros mensuales. "Ella simplemente dice que tiene derecho a tener un nivel de vida digno y esto pasa por 800 euros, ni por 600 ni por 700, sino por 800", explica Reyes Costa, la abogada de los padres.
En un primer juicio, la joven perdió y recurrió la sentencia, pero el juez ha vuelto a darles la razón a los progenitores.
"Me parece una solemne barbaridad, me hubiese gustado a mi la mitad cuando estudiaba", exclama un vecino de la zona, sorprendido ante la noticia.
Quienes comparten con la joven vida universitaria creen que 600 euros son más que suficientes para fotocopias, cafés y salidas nocturnas.
"Si no le dan más dinero es porque no lo creen necesario o porque no pueden", dice otra joven universitaria. "Encima que (los padres) hacen el esfuerzo, lo mínimo que puede hacer es agradecérselo", explica otra joven, algo indignada.
Tras la sentencia, las relaciones entre padres e hija son ahora irreconciliables, y ella tendrá que conformarse con la, a su parecer, modesta paga. IM
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