Al frente de la red estaba un español, Florencio A., y un chino, Lungfen Q., que regentaban una gestoría en el centro de Barcelona especializada en temas de extranjería y cobraba entre 3.000 y 12.000 euros por la operación, según ha explicado este viernes en rueda de prensa el jefe del área central de Crimen Organizado de los Mossos, Joaquim Francesc.
La gestoría creaba empresas, la mayoría de las cuales no llegaron a existir fiscalmente, las daban de altas en la Seguridad Social y empadronaban a los ciudadanos chinos en los domicilios, obteniendo así documentación legal a través de un proceso fraudulento.