La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por un representante de una compañía telefónica que había detectado que existían contrataciones de líneas telefónicas, la gran mayoría ubicadas en Valencia, con una deuda de casi un millón de euros.
Según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado, la investigación demostró que varias personas de nacionalidad ecuatoriana formaban parte de diferentes comunidades de bienes y utilizaban la identidad de otras personas sin su conocimiento para realizar las contrataciones telefónicas. El resto de las personas presuntamente implicadas han sido detenidas a lo largo de todo el territorio nacional.