Cuando Josep y Antonia regresaron de sus vacaciones en abril de 2008 se encontraron con la desagradable sorpresa de no poder entrar en su casa. Estaba ocupada y habían cambiado la cerradura. Con la ayuda de un cerrajero abrieron la puerta y como con palabras no lograron echar a los intrusos, denunciaron en la comisaría de los Mossos d'Esquadra.
El siguiente paso fue una denuncia en los juzgados de lo penal, que fue archivada y remitida a la vía civil por desahucio. La justicia se pronunció a favor de Josep y su esposa, pero la otra parte recurrió.
La abogada de la pareja, Esther Villaescusa, ha explicado que pidió que se ejecutara la sentencia mientras se resolvía la apelación porque sus clientes no tenían otra casa. A pocos días de la ejecución, un auto lo paralizó todo porque, según la juez, la otra parte, una mujer con hijos a su cargo, "no tiene recursos económicos".
Ahora toca seguir esperando a que se resuelva la apelación en la próxima primavera, mientras, el matrimonio, de unos 60 años, vive con unos familiares en El Poble-sec.
La vivienda okupada pertenece el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona y Josep y su mujer disfrutaban de ella en régimen de alquiler. Su abogada le ha pedido a esta institución que les adjudique otra casa, pero alegan que no es posible hasta que el matrimonio devuelva "vacía" la que ahora tiene.
No pueden renunciar a ella
Tampoco pueden renunciar a ella porque perderían el derecho a solicitar otra con posterioridad, ni dejar de pagar el arrendamiento. Además, les han aconsejado que sigan abonando las facturas de la luz, agua, gas y teléfono.
La pareja lamenta que la mujer que vive en su casa desde hace 16 meses se haya podido empadronar con una factura de telefonía móvil y haya puesto su nombre en el buzón.
Aunque hay vecinos que aseguran que Antonia y Josep no vivían allí desde hacía tiempo ellos lo niegan con rotundidad. Antonia asegura estar "muy amargada". Ha recurrido a los medicamentos para paliar la ansiedad que sufre.
EBP