Además, la Asamblea Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú acordó volver a realizar una reunión "ampliada" el próximo 6 de octubre para evaluar los pasos a seguir mientras se mantiene "el estado de alerta".
Durante una asamblea que se extendió durante unas dos horas, los ambientalistas resolvieron realizar todos los domingos de septiembre "caravanas de automóviles" por la carretera que conduce al acceso fronterizo que une con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, donde se ubica la planta finlandesa UPM (ex Botnia).
La asamblea ampliada se realizó este miércoles luego de que el pasado 19 de agosto se cumplió la "tregua" de 60 días dada para negociar el control ambiental de la fábrica de celulosa, considerada contaminante por los ecologistas.
Los activistas liberaron el puente a Fray Bentos el pasado 19 de junio a la espera de que los Gobiernos de Argentina y Uruguay cumplan con sus reclamos.
"El conflicto no está resuelto", afirmó hoy en el encuentro el asambleísta Juan Veronesi, al contrario de lo que afirman los Ejecutivos de Argentina y Uruguay luego de la controversia que afrontaron por la instalación de la papelera.
Entre otros puntos del acuerdo alcanzado por los Gobiernos el mes pasado, los ecologistas objetan que haya "demoras" en conformar la comisión de expertos argentinos y uruguayos encargada de hacer controles ambientales tanto en la planta de UPM como en industrias y explotaciones agrícolas en las dos márgenes del río Uruguay, hito fronterizo entre ambos países.
El canciller argentino, Héctor Timerman, quien se ha reunido con los ecologistas para explicarles los términos del acuerdo bilateral, ha dicho que tal comisión de control está lista en breve y que en septiembre próximo revisará las instalaciones de UPM.
Timerman indicó además que el próximo 28 de agosto se dará a conocer quiénes serán los dos expertos argentinos que integrarán, junto a otros tantos uruguayos, el comité científico encargado de hacer controles ambientales en las dos márgenes del río Uruguay.
Para esta tarea, la asamblea propuso al argentino Elías Jorge Matta y al italiano Marcelo Conti.
Los Gobiernos consideran que el acuerdo puso punto final a una controversia diplomática iniciada hace siete años por la instalación de papeleras en territorio uruguayo fronterizo con Argentina y que fue motivo de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En abril pasado, el tribunal de La Haya consideró que no hay pruebas de que la papelera de capital finlandés contamine el ambiente, como denunció Argentina, y dictaminó que el Gobierno de Montevideo violó el tratado bilateral de administración del río Uruguay al autorizar la instalación de la planta en forma unilateral.