Precisamente, el plan de Fundación Manantial pretende promover medidas alternativas al ingreso en prisión. "Solo en 2011 una experiencia innovadora como el Programa de Apoyo Social y Mediación Comunitaria ha supuesto que 67 usuarios se beneficien de alternativas legales a la ejecución de la pena en prisión o de procesos de reinserción", ha explicado López.
Cuando no es posible evitar el ingreso, desde la entidad se propone la formación y sensibilización de profesionales implicados en la justicia, en los centros penitenciarios y en la red de salud mental para que "no se produzca una doble estigmatización de los reos que padecen un trastorno mental".
Asimismo, se procura la reincorporación social de esa persona, facilitándole un vínculo a la red sociosanitaria de salud mental. "Así se garantiza una continuidad de los cuidados y se evitan situaciones de exclusión social y reincidencias", ha explicado el coordinador del PAP de Fundación Manantial.
Por su parte, el magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Antonio del Moral ha considerado que, en materia legal, una persona con enfermedad mental debería estar "en igualdad de condiciones" que cualquier otro ciudadano que se encuentra en el ámbito penitenciario, "con los mismos derechos constitucionales a la salud, los servicios sociales y la educación".
Sin embargo, ha apostado por introducir una "mayor humanización en el sistema judicial" y, en este sentido, ha hecho referencia al principio de igualdad y de individualización de las penas que, en un sentido estricto de la legalidad se "podrían a aplicar a las personas con enfermedad mental".