El Ministerio Público ha citado a los controladores para que ofrezcan sus explicaciones de por qué abandonaron sus funciones en el aeropuerto de Barajas y en la base aérea de Torrejón de Ardoz, una situación que el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, entiende que fue lo "suficientemente grave" para que pueda ser constitutivo de un delito de sedición contemplado en la Ley Penal Procesal de la Navegación Aérea.
Un delito que, según Esteban Rincón, se refiere a las personas que por su abandono de sus funciones "de manera concertada provocaran, o la paralización de una aeronave o, como en este caso, de toda la navegación aérea".
La pena de prisión puede alcanzar los ocho años, de ahí que la Fiscalía de Madrid decidiera abrir las diligencias de investigación el viernes por la noche, cuando los controladores que protagonizaron el plante fueron identificados por la Policía y la Guardia Civil.
A la Fiscalía de Madrid no le "parece asumible que a todos les haya pasado la misma causa, una enfermedad que definen como de disminución de su capacidad psicofísica y que les haya ocurrido a todos a la vez".
Además de la de Madrid, otras Fiscalías de otras comunidades autónomas han abierto diligencias para estudiar la posible responsabilidad de los controladores que abandonaron su puesto de trabajo.
Según han informado a EFE fuentes fiscales, todas las fiscalías actuarán de forma coordinada en todos los territorios para determinar si los controladores han incurrido en algún tipo de delito.
Hoy mismo, la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, que se reúne hoy en Zaragoza presidida por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, abordará el conflicto provocado por los controladores y estudiará sus posibles responsabilidades.
El sindicato de controladores (USCA) y los responsables de los controladores que se ausentaron de sus puestos fueron denunciados ayer por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ante la Audiencia Nacional, aunque fuentes fiscales consideran que este tribunal no es el competente para investigar los hechos.
Las mismas fuentes han explicado que en el momento en el que un juzgado abra diligencias sobre el caos aeroportuario durante el inicio del Puente de la Constitución, la Fiscalía enviará todos los datos que haya recogido.