El fiscal Giovanni Ferrara afirmó que esos vuelos eran legales porque "en cada uno de ellos" había una persona autorizada legalmente para usar los vuelos.
En la base de la decisión judicial hay jurisprudencia, según la cual, es lícito tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista contable dar pasaje en los aviones del Estado a sujetos no institucionales en presencia de representantes políticos.
La Fiscalía de Roma ha pedido el archivo de la investigación sobre la legalidad de esos seis vuelos de Estado considerados, y ahora será el Tribunal de Ministros el que decidirá.
Asimismo, la Justicia seguirá investigando al fotógrafo Antonello Zappadu, que obtuvo las fotografías que suscitaron la investigación.
El abogado de Berlusconi, Niccolò Ghedini, pidió el secuestro de las alrededor de 5.000 fotografías obtenidas por Zappadu de los aviones y las fiestas del primer ministro en su mansión.
El fiscal Ferrara ordenó la investigación el uno de junio para esclarecer si se cometieron "comportamientos penales" o abusos en los vuelos que llevaron a amigos e invitados de Berlusconi hasta el aeropuerto de Olbia, en la isla de Cerdeña, para asistir a fiestas organizadas por el primer ministro en su mansión Villa Certosa, en la Costa Esmeralda.
Esta polémica estalló después de la publicación de algunas fotos en la prensa en las que salían algunos de los invitados de Berlusconi, entre ellos, el cantante napolitano Mariano Apicella, que ha grabado junto a Berlusconi varios discos.