Fuentes del Ministerio Público han señalado que, en este caso concreto, "no ha quedado claro" si la intención final de los acusados era violar o acabar con la vida de la joven. En este punto recuerda el acuerdo del Tribunal Supremo según el cual, "cuando existieren dudas acerca de cuál es el objetivo principal perseguido por el autor de los hechos objeto de las actuaciones y uno de ellos, al menos, constituya delito de los atribuidos al Tribunal del Jurado, la competencia se determinará de acuerdo con la que corresponda al delito más gravemente penado de entre los imputados".
De este modo, las mismas fuentes han explicado que, "como en este caso concreto no está claro cuál el fin último" de los acusados y existen por tanto "dudas", debe tenerse en cuenta el delito más grave, que sería el asesinato, delito que es competencia del jurado. Todo ello en contra de la opinión del magistrado del caso, Javier González, quien en un auto dictado el pasado mes de agosto consideraba que las calificaciones de las partes "no suscitan ninguna duda acerca de cuál era el objetivo principal de los autores de los hechos", como es la agresión sexual.
De este modo, la Fiscalía se suma a la familia de Marta del Castillo Casanueva, quien la semana pasada ya decidió que interpondrá un recurso contra la decisión adoptada por el magistrado, quien, en palabras de Antonio del Castillo, "está poniendo en duda el trabajo de sus compañeros", en referencia a que tanto el juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, como la Sección Primera de la Audiencia Provincial ya determinaron que fuera un jurado y no un tribunal profesional quien enjuiciara el caso.
Y es que el magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Javier González, dictó un auto en el que dictamina que debe ser un tribunal profesional y no un jurado popular el que enjuicie a los cuatro acusados mayores de edad, como son Miguel Carcaño, su hermano Francisco Javier Delgado, María García y Samuel Benítez. Esta decisión se basa en dos acuerdos de Pleno adoptados por el Tribunal Supremo en cuanto a la extensión de los juicios con jurado a determinados delitos conexos. EBP