Con este Real Decreto se adapta la Ley de Investigación Biomédica, del 3 de julio de 2007, para garantizar que estos institutos respondan objetivamente a la finalidad de dicha Ley.
Pero para ello resulta imprescindible regular las condiciones y el procedimiento de su acreditación, que es un reconocimiento de la excelencia de los resultados científicos producto de la labor investigadora en el entorno hospitalario.
El Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, es el organismo competente a nivel estatal para la instrucción del procedimiento de acreditación científica y técnica.
La nueva regulación propuesta contiene aspectos referentes al refuerzo de requisitos exigidos, a la incorporación de una comisión de evaluación, a la regulación más detallada del procedimiento de acreditación o a la posibilidad de la revocación de la acreditación, entre otras medidas.