El Gobierno colombiano interviene el ente de control de bienes incautados a mafiosos

AGENCIA EFE 03/11/2010 00:00

"Se inicia un proceso de investigación al interior de la DNE, a petición del director de esta entidad (Juan Carlos Restrepo Piedrahita), mediante denuncia formulada por él, el pasado viernes (29 de octubre) ante la Fiscalía", dijo el titular de esa cartera, Germán Vargas Lleras.

Según el alto cargo, fueron detectadas "centenares de irregularidades" y, por tanto, la entidad queda "intervenida por las autoridades judiciales y los organismos de control".

Agentes de la Policía Judicial y de Investigación (Dijin), de la Procuraduría (Ministerio Público) y de la Contraloría General (tribunal de cuentas) ocuparon este martes la sede central de la entidad en Bogotá.

El ministro Vargas Lleras señaló que la intervención se deriva de "múltiples y graves anomalías", e invitó a "esclarecer quiénes son los tenedores de muchos activos" que administraba esa entidad.

Entre las irregularidades, Vargas Lleras citó la "adulteración de las cifras del valor real de los bienes que se iban a subastar".

El Gobierno detectó que muchos narcotraficantes o sus testaferros disfrutaban de sus bienes, pese a que habían sido incautados con documentos falsos y con resoluciones adulteradas.

La DNE es un órgano asesor, coordinador y ejecutor del Gobierno colombiano enfocado al control y disminución de la producción, tráfico y consumo de drogas.

Es la entidad oficial que interviene en la confiscación de bienes fruto del narcotráfico y delitos conexos, como el lavado de activos, y se encarga de su administración.

En sus inventarios figuran un total de 17.574 bienes urbanos, 5.426 rurales, 9.941 vehículos, 351 aeronaves, 743 motonaves, entre lanchas, botes, motos acuáticas, yates, buques y remolcadores.

La DNE también dispone, entre sus archivos, de la intervención de un total de 3.548 sociedades, entre ellas de comercio, de hoteles y turismo, concesionarios de autos, gasolineras, farmacias, empresas de transporte, instituciones deportivas (clubes de fútbol, como Los Millonarios, de Bogotá, y América, de Cali).

Asimismo, 385 obras de arte, la mayoría pinturas, entre ellas, al parecer, algunas de figuras del arte del Renacimiento y de conocidos artistas, y unas pocas esculturas de distintos autores.

También figuran 5.887 actas de bienes dinero en dólares, pesos y euros, entre otras monedas.

En el mismo listado hay un total de 19.973 "otros bienes", como equipos de comunicación y de laboratorio, computación, maquinaria, joyas, muebles y enseres.

Un total de 157 lotes de víveres y otros bienes consumibles, y 509 lotes de semovientes, entre ellos aves como faisanes, codornices y cacatúas, figuran también en el inventario.

En los mismos listados se revela que en su poder están rinocerontes, elefantes, caballos, asnos, perros, llamas, ovejas y miles de cabezas de ganado.

El ministro Vargas Lleras, al anunciar la intervención, invitó a los funcionarios a cooperar en la investigación "para que el país pueda esclarecer el cúmulo de anomalías y denuncias".

La DNE está en la mira del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos desde hace varias semanas, precisamente por las denuncias.

Santos había anunciado el fin de semana la intervención de una entidad pública, pero no la identificó entonces.

En septiembre pasado se detectó que uno de los administradores de un predio confiscado al prófugo narcotraficante Daniel Barrera, alias "El loco Barrera", era uno de sus propios familiares, situación que forzó el retiro del director, Ómar Figueroa.

Como reemplazo de Figueroa asumió a mediados de octubre Restrepo Piedrahita, quien detalló que al revisar el récord de la administración de miles de bienes, se observaron muchas fallas.

"Este inventario es manejado por un sistema informático que prácticamente no ha tenido ninguna medida de seguridad y que ha estado a merced de terceras personas que han tenido la posibilidad de alterarlo", advirtió.

Restrepo Piedrahita anunció hoy la creación de la Oficina de Transparencia, "por donde todas las denuncias y todas las quejas de corrupción serán canalizadas hacia las autoridades competentes, como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría".