El Gobierno ultima el lanzamiento de una campaña informativa dirigida a las empleadas públicas en la que da cuenta de su derecho a un traslado de puesto de trabajo por razón de violencia de género, una facilidad comprometida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas que el BOE publicó el pasado 10 de diciembre y que según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, comienza ahora a difundirse.
La resolución, fruto del II Plan de Igualdad en la Administración General del Estado, establece el protocolo a seguir en caso de que una empleada pública víctima de violencia de género necesite un traslado "para hacer efectiva su protección, su derecho a la asistencia social integral o para recibir asistencia sanitaria".
Para ello, fija como condición previa que la empleada se acredite como víctima de violencia machista, para lo que habrá de presentar una sentencia condenatoria del maltratador, orden de protección o informe del Ministerio Fiscal, resolución judicial que acuerde medidas cautelares penales de protección o un certificado de haber recibido atención especializada por un organismo público competente en violencia machista.
En el folleto informativo que ha preparado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que se pondrá a disposición de todos los trabajadores de la AGE, se detallan estos requisitos así como las "cautelas" que debe cumplir la gestión de movilidades por razón de violencia de género en materia de intimidad y dignidad de las empleadas públicas, especialmente en lo relativo a la privacidad.
Según expone ese documento recogido por Europa Press que fue presentado a los sindicatos en una reunión técnica celebrada la pasada semana, "el traslado por violencia de género tendrá la consideración de traslado forzoso", teniendo la mujer "derecho a los gastos e indemnizaciones que en su caso le correspondan".
La solicitud, que se puede encontrar en la resolución publicada en el BOE el pasado 10 de diciembre, se cursará ante el órgano competente que habrá de resolver en máximo 15 días si el traslado es dentro de un mismo ministerio o de 45 días si es interdepartamental, conforme explica a todos los empleados públicos ese díptico divulgativo que en breves fechas estará disponible en la intranet de la AGE y en todos los paneles informativos.
Para la secretaria Nacional de Igualdad de CSIF, Marian Mur, es buena noticia que "se active" este protocolo, una reivindicación tradicional del sindicato, pero pide que se limen determinados aspectos de su aplicación, como facilitar el acceso de las víctimas que no hayan denunciado o que hayan retirado la denuncia; permitir la presentación de solicitudes por vía telemática o abrir el abanico a los padres o madres que trabajan en la Administración y cuyas hijas son víctimas de violencia de género.
Además, considera que la difusión de este documento es "sólo un primer paso" de la gran campaña informativa que el sindicato viene reclamando a la Administración para dar a conocer entre el personal no sólo el protocolo de movilidad de violencia de género, sino todas las medidas contenidas en el II Plan de Igualdad, algunas de las cuales "necesitan todavía ser desarrolladas".
"No puede ser que un plan así exista y que después, se desconozca. Es muy importante que la Administración dé ejemplo y esto que parece un pequeño paso, es enorme en realidad porque puede ser un referente para el sector privado. A la hora de negociar convenios colectivos con planes en las empresas se utiliza el modelo del Plan de Igualdad de la Administración General del Estado", ha señalado Mur a Europa Press.
A su juicio, es fundamental darlo a conocer porque "a veces lo que sucede es que aunque se apruebe y se publique en el BOE, no hay conocimiento por parte de los responsables de recursos humanos de la administración". "Pedimos por ello que además del folleto haya una campaña de difusión o comunicación porque nos parece que no es suficiente", apunta.
El sindicato ha organizado unas jornadas para el 15 de marzo con objetivo precisamente de dar difusión al Plan de Igualdad, sobre cuyas líneas generales se ha editado otro folleto informativo, porque si no se conoce, no se reivindicará su desarrollo y aplicación y al final, "habrá que batallar con los ejecutivos".