Así ha definido el fallo del TC el presidente del PP, Mariano Rajoy, quien ha anunciado que su partido recurrirá a todos los medios legales a su alcance para que las listas "patrocinadas por ETA-Batasuna" no concurran a los comicios, al tiempo que ha pedido al Gobierno que ponga en marcha los instrumentos necesarios para lograr este objetivo.
En este sentido, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reclamado al Ejecutivo que extreme el seguimiento de Bildu durante la campaña, mientras el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, afirmaba que le gustaría ver a alguno de los magistrados del TC sentado en el puesto de un concejal de su partido en cualquier pequeño municipio vasco.
También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha lamentado que sus compañeros del País Vasco y Navarra se tengan que sentar en los ayuntamientos junto a "quienes les amenazan, apuntan y asesinan", al igual que el eurodiputado Carlos Iturgáiz, para quien "los nazis de la mafia de ETA" van a llegar a los ayuntamientos "gracias a Zapatero".
Del mismo modo, el también eurodiputado del PP y ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha advertido de que "legalizar a ETA en las instituciones" es una "catástrofe" para España, que da así "un salto en el vacío sin red", unas declaraciones que el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Gaspar Zarrías, cree "absolutamente inmorales".
En todo caso, el PP ha garantizado que el pacto de Gobierno en Euskadi suscrito con el PSE-EE no corre peligro -aunque las relaciones cambiarán-, porque, según ha precisado el portavoz de Justicia del partido, Federico Trillo, es lo que querría ETA.
UPyD ha anunciado en cambio que, a partir de ahora, el lehendakari, Patxi López, no contará con su apoyo porque se ha convertido en "uno de los grandes defensores de Bildu".
En Navarra, el Gobierno foral "respeta y acata" la decisión del TC, pero opina que "es un balón de oxígeno para ETA", en palabras de su portavoz, Alberto Catalán.
Bildu aspira a repetir alcaldías independentistas en 51 municipios vascos y navarros donde ahora gobierna la izquierda abertzale -42 ayuntamientos- o EA -10 consistorios-, a los que sumarían pueblos importantes donde la antigua Batasuna no pudo presentarse.
Aunque desde posiciones ideológicas opuestas a las de quienes critican el fallo del Constitucional, Bildu se ha sumado hoy a la tesis de las presiones sobre el TC, de modo que su portavoz, Pello Urizar, ha asegurado que tras la decisión judicial "habrá habido presiones o decisiones políticas", ya que, a su juicio, en España "la separación de poderes no es real".
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha calificado de "auténtica insidia" este tipo de acusaciones, al tiempo que aseguraba que se encuentra "igual de tranquilo" que hace unos días respecto al apoyo parlamentario del PNV.
Sobre este asunto, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha recalcado que "hay todo un mundo por construir" en las relaciones de su partido con el PSOE y ha insistido en que tiene "necesidad" de hablar con Rodríguez Zapatero sobre la impugnación de las candidaturas de Bildu.
Entre quienes han mostrado hoy su satisfacción por el fallo del TC destacaba el alcalde socialista de San Sebastián, Odón Elorza, quien ha pedido a "la derecha" que "se tome una tila" y al Gobierno que "reflexione" tras una decisión judicial "fantástica", que "ayuda a la convivencia".
Han valorado en términos igualmente positivos la resolución del Constitucional el secretario general de ERC, Joan Ridao, el secretario general de ICV, Joan Herrera, y el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez.
Por el contrario, los sindicatos policiales SUP y CEP han lamentado un fallo que abre en su opinión las puertas de las instituciones al "mundo proetarra" y varias plataformas de víctimas del terrorismo han convocado una manifestación de repulsa para el próximo día 14 en Madrid, ante la "falta de independencia" del TC.
Desde Valencia, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha defendido la "independencia e imparcialidad" de los tribunales españoles.