Chirinos, que participó en un seminario internacional convocado por Humanas, organización dedicada a la protección de derechos humanos y justicia de género, aseveró que, "como en cualquier país", antes de recurrir a la formulación de una ley habría que trabajar en la concienciación de la sociedad.
Entre otras medidas, la magistrada explicó que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género (LOMPVG), implantada en España en 2004, comprende la creación de juzgados de instrucción especializados en violencia contra la mujer o la implantación de juicios rápidos como medio de lucha.
"El modelo español sirve de pauta para Guatemala, donde me consta que ha sido muy estudiado, así como para Perú y Ecuador. En Colombia al menos se tiene la intención de conocerlo", dijo Chirinos.
Según reconoció, los efectos de esta ley orgánica no han tenido como resultado la disminución de mujeres agredidas.
Sin embargo, la magistrada española argumentó que ello se debe al incremento del nivel de violencia en la sociedad en general.
Cuando todas las medidas jurídicas fallan, explicó, "la evidencia es que existe un problema humano, que es el más humano y el más dramático de todos los problemas".
Por su parte, la antropóloga colombiana Luz Piedad Caicedo abordó la situación de la violencia sexual en el marco del conflicto colombiano, y concretó que ésta es una práctica generalizada usada de manera sistemática por guerrilleros, paramilitares, y miembros del Ejército y de la Policía Nacional.
Caicedo reveló que la mayoría de los casos reportados de violencia sexual se adjudica a los paramilitares, quienes a su juicio pretenden con su uso "implantar el terror como mecanismo de control de zonas de disputa con la guerrilla o claves para el narcotráfico".
Los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según apuntó, utilizan la violencia contra la mujer en un "contexto intrafilas", con técnicas como los servicios sexuales o los abortos forzados como métodos de mantenimiento de las jerarquías.
La antropóloga denunció que en Colombia no hay una política pública que contemple la situación de las mujeres que sufren la violencia sexual en el contexto del conflicto armado.
Sin embargo, Caicedo aseguró que se ha empezado a detectar "cierta reflexión" entre las comunidades de mujeres en medios rurales, a raíz de la implantación de la Ley Justicia y Paz, adoptada como marco jurídico para la reinserción de los paramilitares.
Por ello, dijo la antropóloga, "las autoridades se vieron en la obligación de informar a las víctimas de sus derechos".