En una región en la que rigen convenios que fomentan los derechos de las mujeres aún quedan países como Chile, El Salvador y Nicaragua que prohíben el aborto en todos los supuestos, tal y como denunció Amnistía Internacional (AI) en un comunicado reproducido por su filial en Asunción.
El organismo internacional se sumó a las demandas de varias organizaciones y asociaciones feministas latinoamericanas para que las legislaciones de los diversos países garanticen acceso a la información reproductiva y a modos seguros de aborto.
AI admitió que en algunas naciones se ha tomado conciencia sobre esa realidad y citó como ejemplo Cuba, donde el aborto es legal desde 1965 como un derecho de la mujer hasta la décima semana de embarazo y es practicado sólo en instituciones del sistema público de salud.
"A pesar de estos avances, la triste realidad en la región es que todavía existen leyes que castigan el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, en la práctica no se cumple", lamentó AI.
El caso de Nicaragua representa a ojos de este organismo todo un retroceso, pues el Parlamento prohibió en 2006 el aborto terapéutico, que estaba permitido en el Código Penal desde hacía más de un siglo en casos de peligro para la madre.
Con vistas a su restitución, un grupo de mujeres nicaragüenses entregó hoy al Gobierno unas 37.000 firmas que fueron recogidas al término de un recorrido de unos 500 metros por las calles de Managua, así como 6.000 postales enviadas desde Europa por activistas del organismo defensor de los derechos humanos.
Otros países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala prohíben el aborto en todas sus formas, mientras que Costa Rica lo permite cuando la vida de la madre está en peligro.
Panamá excluye los casos de amenaza a la vida, la salud de la mujer o si el embarazo es el resultado de una violación carnal.
En Uruguay, varios centenares de personas incluyeron reclamos por la despenalización del aborto en la anual Marcha de la Diversidad, que habitualmente clama por la legalización del matrimonio homosexual.
Y es que en ese país, donde la interrupción del embarazo está prohibida, se lleva a cabo un aborto clandestino cada veinte minutos, según datos facilitados por la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), una alternativa por la que se decantan 33.000 uruguayas al año.
A su vez, un grupo de mujeres ecuatorianas quiso representar la indefensión de las madres en situación de embarazo no deseado al presentarse desnudas y con máscaras que cubrían su rostro ante la Fiscalía de Quito.
"Estamos exponiendo nuestros cuerpos porque el aborto se mueve en un mercado clandestino, que nos discrimina y en el que nos estamos arriesgando", explicó a Efe Ana Cristina Vera, representante del colectivo Salud Mujer.
La Asociación Aborto Seguro Mujeres por la Vida calcula que en Ecuador se dan unos 125.000 abortos cada año, de los cuales alrededor de 200 son legales.
Otra situación que se da en la región es la de los países en los que esta intervención médica es legal, pero nunca ha sido practicada o su aplicación acarrea una burocracia que termina por hacerla imposible, como sucede en Perú y Bolivia, respectivamente.
Por ello, representantes de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) protestaron hoy en Lima, y mujeres bolivianas se concentraron en actos en las principales ciudades del país para reflejar la situación de la salud de las mujeres y "llamar a la acción al Estado".
En Brasil, donde el aborto es legal solo en caso de violación o de peligro de muerte para la madre, se convocaron actos de diversa índole; incluido un debate en Río de Janeiro en el que se analizó la legislación que castiga a quien practique el aborto con penas de cárcel de entre uno y diez años.
En Recife (Pernambuco, noreste) varios grupos de organizaciones no gubernamentales congregaron a decenas de mujeres en una plaza céntrica, donde protestaron disfrazadas de militares, obispos, ganaderos y periodistas, colectivos que identificaron como "la santa alianza" que impide la despenalización del aborto.
Por su parte, más de mil mujeres argentinas eligieron la vía judicial al presentar amparos en tribunales de 16 provincias del país, para pedir que el Parlamento debata un proyecto de ley que legalice la interrupción voluntaria de "todos los tipos" de embarazo dentro de las primeras doce semanas de gestación.
Unos 460.000 abortos se registran, según cifras oficiales, cada año en Argentina, donde la interrupción del embarazo está prohibida por ley, salvo en casos de peligro para la vida o la salud de la madre, violación o abuso a una mujer discapacitada.
En República Dominicana, Paraguay, Colombia y Venezuela no se convocaron actividades en el Día por la Despenalización del Aborto.
Las legislaciones de los dos primeros países no avalan el aborto en ninguna de sus posibilidades, mientras que en Colombia no es delito interrumpir voluntariamente un embarazo en caso de violación, malformación del feto y cuando la madre o el niño corran peligro.
Mientras que en Venezuela el aborto sólo se permite si está en peligro la vida de la madre.
Un estudio presentado en 2009 por el Instituto Guttmacher en Londres reveló que la cifra de abortos practicados en todo el mundo en 2003 fue de 41,6 millones, de los que casi un 50% no contaron con la supervisión ni las garantías médicas adecuadas.
Según el estudio, cada año mueren en el mundo 70.000 mujeres al tratar de poner fin a su gestación por métodos poco o nada ortodoxos, prácticas se dan sobre todo en Latinoamérica y África, donde las leyes en ese sentido son especialmente duras.