Según Moratinos, Aminetu Haidar debería afrontar la situación con "tranquilidad" y "serenidad", "tanto por su salud como por el bien de todos".
Según el ministro, Haidar ha recibido siempre el apoyo del gobierno español "como ciudadana que reside legalmente en su territorio".
Moratinos ha afirmado no comprender "las críticas" de la activista al Gobierno pues, a su juicio, el ejecutivo español "no ha tenido nada que ver con la difícil situación que está viviendo".
El ministro ha añadido que el gobierno "sigue trabajando con buena voluntad", "a través del diálogo" y "en contacto con las autoridades marroquíes, a quienes trasladaremos las preocupaciones y deseos de esta ciudadana".
Por otro lado, ha reiterado que en el caso del Sáhara Occidental, España continúa queriendo resolver el conflicto "a través del apoyo y el esfuerzo de Naciones Unidas".
Aminetu Haidar, sin pasaporte en regla, fue detenida el viernes en el aeropuerto de El Aaiún, en el Sahara Occidental, junto con dos reporteros españoles, cuando regresaba de Nueva York de recoger el "Premio Coraje Civil 2009" de la Fundación Train.
Haidar ha denunciado a Marruecos por expulsión ilegal y considera "un secuestro" el hecho de que las autoridades españolas la hayan obligado a quedarse en el país en contra de su voluntad impidiéndole su salida.
Aminetu Haidar, de 42 años, ha sido galardonada, entre otros, con el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy 2008, con el Silver Rose Award 2007 y con el Premio de Derechos Humanos Juan María Bandrés de 2008, además de ser candidata para el Nobel de la Paz.
Considerada la "Gandhi saharaui", Aminetu Haidar fue una de las 700 personas detenidas en 1987 por participar en un mitin que pedía el referéndum de autodeterminación y permaneció "desaparecida" sin cargos ni juicio durante cuatro años, en los que denunció haber sido torturada junto a otras 17 mujeres saharauis.
En 2005, la policía marroquí la volvió a detener y golpear tras su participación en una manifestación pacífica, para ser liberada después de 7 meses gracias a la presión internacional de organizaciones como Amnistía Internacional y el Parlamento Europeo.