Durante su comparecencia en el Parlamento para dar cuenta de las actuaciones del Defensor del Pueblo durante 2008, algunos grupos, como CiU, PNV e IU, han insistido en la necesidad de reformar esta institución para adaptarla a los "nuevos tiempos" y a los cambios efectuados en materia de competencia autonómica.
También el portavoz del PP, Ricardo Tarno, ha planteado la posibilidad de darle "un impulso para no generar frustraciones a los ciudadanos que recurren al Defensor como última oportunidad" y para adecuarla al "siglo XXI".
"Esta institución se hace respetar, aunque haya administraciones que obstaculicen su trabajo", ha dicho Múgica, quien ha recordado que el Defensor las denuncia en su informe cada año, aunque nunca ha solicitado que se aplique las sanciones previstas en la ley, porque "las obstaculizaciones no provienen de la autoridad política sino de la burocracia".
Múgica ha asegurado que el Defensor "no es una institución moral de quejas" sino que actúa comisionada para la supervisión de las actuaciones de las administraciones.
Ante las críticas por haber recurrido ante el Tribunal Constitucional el Estatuto de Cataluña, Múgica ha explicado que aunque no haya todavía resolución judicial cumple con el Estatuto, ya que no resuelve las cuestiones relacionadas con la Generalitat.
La parlamentaria de CiU Montserrat Surroca se ha mostrado a favor de una reforma legislativa "para adaptarla a los nuevos tiempos y al nuevo marco autonómico", y de hacer un seguimiento "de sus recomendaciones para valorar cuál es el grado de cumplimiento y la efectividad de la institución".
Desde el PNV, Emilio Olabarria ha reclamado que el informe incluya un posicionamiento "más activo, en lugar de recoger sólo las quejas", y que la actuación del Defensor se limite a resolver los asuntos de competencia estatal.
El Defensor del Pueblo ha explicado que el informe "no trata tanto de sacar a relucir los males de la patria", ni de convertirse en un memorial de agravios, sino poner de manifiesto deficiencias que deben subsanarse.
Ha recordado que las materias más frecuentes sobre las que se han recibido quejas son las que afectan a la administración económica -impuestos, suministro de energía y telecomunicaciones-, sanidad y política social, justicia, urbanismo, vivienda y medio ambiente.
Este año se admitieron a trámite más de la mitad de las quejas, un porcentaje mayor que otros años, y volvió a "sacar los colores" a catorce ayuntamientos por la poca colaboración con esta institución, además de a los Ministerios de Exteriores, Fomento y Justicia.
Para Gaspar Llamazares, de IU, el aumento de las quejas se debe no tanto a una mayor aceptación del Defensor, sino a las dificultades que existen en los mecanismos de mediación de las administraciones, mientras que el PP lo atribuye "al mal funcionamiento de las instituciones en España".
El diputado de Entesa Catalana de Progrés Josep María Batlle ha lamentado la falta de respeto a la institución por parte de algunas administraciones.
Miguel Ángel Heredia, del PSOE, ha reclamado la colaboración de todas las CCAA para resolver algunas de las quejas planteadas por los ciudadanos, como las referidas a la Ley de Dependencia y a otros servicios sanitarios.
El número total de expedientes abiertos el pasado año ascendió a 23.899, un número superior al del año 2007 pero inferior a la cifra de 2006, y sólo un 1,5 por ciento de las quejas procedieron desde el extranjero.