Las propuestas para el endurecimiento de la justicia juvenil en países como México, Colombia, Argentina, Chile o Uruguay conducirán a "un incremento de la exclusión y la violencia", aseguró este miércoles Angerer durante una rueda de prensa organizada por el MMI en Montevideo.
Según la organización, que engloba a organismos como Unicef, Save the Children y Aldeas Infantiles, entre otros, en América Latina se ha reabierto el debate en torno a estas penas "como respuesta a la alarma social generada por el manejo mediático de crímenes y delitos cometidos por niños y adolescentes".
En lugar de imponer mayores sanciones, el MMI propone desarrollar políticas públicas que incidan en la prevención y en minimizar las condiciones de vulnerabilidad social, cultural, económica o ambiental de los niños y adolescentes de la región.
Además, abogan por impulsar programas de educación social para "cambiar los estereotipos y actitudes sociales con respecto a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley".
"Los pedidos para el endurecimiento de las penas sólo buscan excluir a esos menores de la sociedad e invitan a que puedan seguir cometiendo delitos para sobrevivir", agregó la vicepresidenta del Comité de derechos del niño y la niña de las Naciones Unidas, Rosa Ortiz.
La funcionaria, que se encuentra en Uruguay con motivo de la segunda reunión anual del MMI de América Latina y el Caribe, aseguró que el 80 por ciento de los adolescentes que cumplen condena en prisión reinciden en la comisión de delitos.
"Por eso está claro que hay que buscar medidas sociales y educativas que favorezcan la inclusión social del menor y no al contrario", señaló Ortiz.
Como ejemplo, la experta se refirió a la situación de los reclusos menores en Uruguay, unos 350, que "viven aislados, hacinados, sin acceso a educación".
Ortiz visitó la Colonia Berro, donde están recluidos los jóvenes infractores del país y en la que, según denunció, "los menores llevaban 26 días sin salir al patio".
En Uruguay, el opositor Partido Colorado impulsó una recolección de firmas para reformar la justicia penal juvenil de tal forma que se mantengan los antecedentes penales de los adolescentes infractores cuando cumplan los 18 años, se baje a 16 años la imputabilidad por delitos graves y se establezca un Instituto Nacional Penitenciario para menores.
Por otro lado, este miércoles se creará una comisión bicameral para tratar el tema que tendrá treinta días de plazo para presentar un proyecto de ley sobre la delincuencia juvenil.