El informe realizado por Scheinin tras visitar Perú la semana pasada indica que "es uno de los pocos países que reiteradamente ha recurrido a la declaración del estado de emergencia y a derogar algunas de sus obligaciones de derechos humanos debido al terrorismo".
El texto destaca "el enjuiciamiento de una gran cantidad de personas por terrorismo, aunque los juicios no cumplieron con las normas internacionales de derechos humanos por el uso, entre otras cosas, de los llamados 'tribunales sin rostro'".
El informe denuncia que el juicio y el castigo de funcionarios del estado por violaciones de derechos humanos, incluyendo matanzas de la población civil, "avanzan muy lentamente y pueden toparse con obstáculos legales, tanto antiguos como nuevos".
El relator añade que el decreto legislativo 1097 podría "dar pie a violaciones del derecho internacional" al establecer un plazo demasiado corto para tratar delitos de lesa humanidad.
También destaca que la definición de "grupos hostiles", que según la ley se supone actúan como parte a un conflicto armado, "es tan laxa que podría abarcar a movimientos de protesta social que no llevan armas de fuego consigo".