El responsable de Acción Parlamentaria del PP, Leandro Esteban, ha dado a conocer hoy en rueda de prensa esta iniciativa, cuya tramitación, a juicio del grupo parlamentario popular, ha de ser urgente a pesar del comienzo de las vacaciones parlamentarias el 1 de julio.
La oposición pretende que sea el presidente regional el que, en el pleno de la Cámara, dé explicaciones sobre las interrogantes que se han abierto a raíz de que el diario Abc informara el viernes de que la Junta negoció indemnizaciones con algunas de las familias de los once fallecidos en el incendio de Guadalajara de julio de 2005.
Esas compensaciones, según Abc, implicarían la retirada de las acusaciones contra los ex altos cargos de la Junta y los técnicos que dirigieron la extinción del incendio que han sido imputados por la jueza que instruye el caso.
Leandro Esteban ha manifestado que se trata de un asunto "suficientemente grave" como para que Barreda ofrezca explicaciones urgentes y "de verdad, no palabras torpes para intentar tapar lo ocurrido", como el PP cree que ha hecho en los cuatro años que lleva abierto este caso.
En concreto, el PP quiere saber por qué si desde el primer momento el Gobierno regional ha negado cualquier responsabilidad en este suceso estaba dispuesto a negociar una indemnización y una disculpa con los familiares de las víctimas.
Esteban también ha apuntado otros interrogantes sobre el momento en qué se decidió empezar a negociar, la persona encargada de hacerlo, el responsable de las decisiones o sobre por qué no se informó a la opinión pública.
Ha considerado "cada vez más evidente" que el Gobierno de Castilla-La Mancha "reaccionó tarde y mal" y persiste en su intención de no rectificar las cosas mal hechas, sino intentar taparlas como sea.
El parlamentario ha planteado que al Ejecutivo regional le "asfixian" ahora los errores cometidos desde el primer momento y su negativa a asumir responsabilidades y dar explicaciones, "las sombras que desdibujan cada vez más la figura política de Barreda".
Según su punto de vista, tras la "intromisión" del PSOE y de la Junta en el normal funcionamiento de la Justicia al conocer el contenido del auto judicial y el intento de negociación con los familiares a espaldas de la opinión pública, "no cabe más ignominia" hacia esas familias, el Estado de Derecho y toda la sociedad de Castilla-La Mancha.