Así lo ha anunciado la portavoz del grupo parlamentario, Maru Menéndez, que ha insistido en que los socialistas agotarán "todas las vías del Estado de Derecho hasta conseguir la reapertura de la Comisión e identificar las responsabilidades políticas y, si las hubiere, las responsabilidades jurídicas de aquellos que promueven, amparan o incluso sufragan los procedimientos de espionaje en esta Comunidad".
El recurso solicita al Constitucional la "reapertura" de la Comisión de Investigación y denuncia la "vulneración de derechos fundamentales de representación de los diputados pertenecientes al grupo parlamentario socialista miembros de la Comisión de Investigación".
El portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Pedro Muñoz, ha replicado que el PSOE "es muy libre de hacer el ridículo planteando las iniciativas jurídicas que considere oportunas", y se ha mostrado convencido de que los socialistas, "en coherencia, le dirán al alcalde de Getafe, Pedro Castro, que actúe de otra manera con la Comisión de Investigación que tiene abierta en su municipio".
Según Muñoz, "si el Tribunal Constitucional se ajusta a su jurisprudencia anterior, es evidente que nadie vulnera ningún derecho cuando se cierra, de acuerdo a las reglas que se establecieron, una Comisión de Investigación".
La Comisión de Investigación sobre la supuesta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid se cerró de forma anticipada el pasado mes de marzo tras cuatro días de comparecencias, sin que pasaran por ella dieciocho comparecientes calificados por la Mesa de la Asamblea.
El PP, con mayoría absoluta en la Cámara, consideró que con las once comparecencias que se sustanciaron quedaba demostrado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no había "ordenado, ni amparado, ni conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier persona".
La socialista Maru Menéndez ha sostenido hoy que el PP dio "cerrojazo" a la comisión justo cuando se empezaba a "poner de manifiesto la existencia de tres redes paralelas de espionaje y se empezaban a desentrañar las responsabilidades políticas".
A su juicio, la Comisión de Investigación funcionó como una "comisión delegada por la Mesa de la Asamblea, que la tuteló, decidió el plan de trabajo, denegó información y comparecencias, y violentó con una defectuosa formulación el orden del día de un pleno para introducir el dictamen del Gobierno".
Menéndez ha apuntado además que estos días se ha tenido conocimiento de otro asunto de espionaje ocurrido en 2006 en Torrelodones, que en su opinión "viene a sumarse a la vergüenza institucional que estamos viviendo en un Comunidad en la que ocurren cuestiones que no podrían ocurrir en ningún país desarrollado".