Según informa hoy La Vanguardia, los hechos investigados, constitutivos de delito de cohecho y falsedad, se produjeron supuestamente entre el 1 de febrero de 2008 y el 23 de septiembre de 2009, y afectan a viviendas e inmuebles de 22 edificios situados en Barcelona y Hospitalet de Llobregat.
Los acusados (tres funcionarios, tres gestores inmobiliarios y un arquitecto técnico) recibían por conceder la cédula cantidades que iban de los 200 a los 3.500 euros según la magnitud del fraude, ya que no sólo agilizaban a tres días un trámite que puede conllevar entre tres semanas y un mes, sino que la otorgaban a inmuebles que no cumplían los requisitos: locales comerciales, sótanos, semisótanos o entresuelos dedicados a oficinas, entre otros.
La Fiscalía indica que la red captaba a los interesados tanto en el departamento donde se tramitan las cédulas, como por conocidos o a través de internet.