En el auto, Barreiro indica que la orden de Garzón para que fueran grabadas las conversaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados con sus letrados constituye indiciariamente un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.
"El magistrado decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" y "le resultó indiferente que el contenido de las conversaciones (...) no tuviera otro contenido que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa", señala.