A partir de hoy y hasta mañana se conmemora en Costa Rica el 20 aniversario de la Convención de los Derechos Humanos de los Menores, por lo que diferentes organizaciones se han reunido en este país para denunciar la situación en la que vive ese grupo en la región.
Los participantes en la convención indicaron durante la inauguración del encuentro que cada día mueren 220 niños víctimas de violencia doméstica en Latinoamérica.
Cada hora, 28 menores son víctimas de abusos sexuales, de los cuales, entre el 70 y el 80 por ciento son mujeres; en el 50 por ciento de los casos los agresores y agredidos viven bajo el mismo techo y el 75 por ciento están estrechamente relacionados con las víctimas, revelan las cifras.
El director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, alertó sobre "la impunidad de los adultos" que practican todo tipo de violencia contra los menores de edad.
Kastberg también llamó la atención sobre la deserción escolar y señaló que "tan solo el 35 por ciento de los niños y niñas de América Latina y el Caribe finalizan sus estudios de secundaria", lo que representa otra violación a sus derechos fundamentales.
En este sentido, puso el acento en que en toda la región aún existen brechas entre los menores, ya que "hay diferentes niveles de oportunidades que vienen marcadas por el color, la etnia, las zonas rurales o en la parte de la metrópoli en la que haya nacido el niño".
Por esta razón, insistió en la necesidad de "crear un piso de oportunidades para que todos los menores tengan las mismas condiciones y puedan acceder a la educación y a la salud".
Por su parte, la directora regional de la ONG Visión Mundial, Corina Villacorta, instó a "las familias, estados, comunidades, iglesias y a los niños y niñas para que trabajen conjuntamente" y se adopten acciones en favor de los derechos del menor, "con una participación activa del niño".
La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el 20 de noviembre de 1989 la Convención de los Derechos del Niño (CDN), que recoge las obligaciones que los Estados y sociedades tienen que cumplir con los menores.