Varios grupos minoritarios rechazan el decreto de alarma y piden su retirada

Así se pronunciaron en el Pleno del Congreso de los Diputados después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, justificara la proporcionalidad de su actuación para obligar a los controladores aéreos a volver a sus puestos ante la "afrenta al orden público constitucional".

El portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, condenó "sin ambigüedad" el "abuso de poder" de los controladores, porque con su plante han debilitado la defensa de los derechos laborales y sociales, el derecho de huelga y el rechazo de la política de privatizaciones.

Pero consideró también que "el fin no justifica los medios", que al Gobierno "se le ha ido la mano y ha sobreactuado" al legislar "en caliente", y que los argumentos jurídicos esgrimidos por Zapatero "dejan mucho que desear".

A su juicio, el Gobierno no cuenta con cobertura legal ni para declarar el estado de alarma, sólo por peligro de un servicio público, ni para movilizar al sector civil, opción derogada por la Ley de Defensa Nacional de 2004, dijo.

Subrayó además que "el uso de militarización" en España "tiene un significado muy distinto que en otros países de nuestro entorno" y rechazó un "ordeno y mando", con el que "el conflicto está servido".

Por último, reclamó al presidente del Gobierno que aclare si va a extender el estado de alarma a otros servicios públicos esenciales y si va a mantener la excepción de la norma

Por su parte, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, condenó "sin paliativos" el comportamiento de los controladores y exigió depurar responsabilidades, pero, acto seguido, censuró duramente la militarización del colectivo, que consideró "un instrumento injustificable" cuando hay herramientas "suficientes" en el Código Penal.

"Un buen Gobierno no es sólo aquel que actúa con firmeza cuando estalla un conflicto (...), un buen Gobierno es aquel capaz de anticiparse y resolver los conflictos sin dejar que se pudran" y que sabe "dar respuestas proporcionadas a los problemas", juzgó.

No tuvo dudas el portavoz de los nacionalistas gallegos de que la declaración del estado de alarma no se ajusta a las circunstancias previstas en la ley, sobre todo, agregó, cuando el Gobierno ha tenido que echar mano de "una ley preconstitucional" para decretar la movilización de los controladores.

Algo, a su entender, que vulnera la Constitución, que establece que el ejercicio de la jurisdicción militar sólo cabe en el ámbito castrense y en supuestos de estado de sitio.

Jorquera dijo compartir la idea de Zapatero de que la prioridad es ahora adoptar las medidas necesarias para recuperar la normalidad y proteger los derechos de los ciudadanos, pero precisó que "eso no pasa por matar moscas a cañonazos".

Además, puso el acento en que "no se pueden adoptar estas medidas para preservar un servicio público esencial y, al mismo tiempo, entregar a manos privadas ese servicio público esencial", en alusión a la privatización parcial de Aena prevista por el Ejecutivo.

También la diputada de UPyD, Rosa Díez, equiparó la "salvajada" de los controladores aéreos y la "irresponsabilidad y la frivolidad" del Gobierno al aprobar el pasado viernes el decreto que clarificaba la jornada laboral de ese colectivo.

Díez afeó a Zapatero la "desmesura" de la militarización y de la declaración del estado de alarma y subrayó que "no se puede confundir una gestión catastrófica de las relaciones laborales con una catástrofe".

"Si un Gobierno para resolver un conflicto sindical tiene que decretar el estado de alarma, a lo mejor lo que tiene que hacer es marcharse a su casa", concluyó.

La diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, destacó que los controladores son los principales responsables de lo ocurrido, pero no los únicos, y advirtió de que el decreto del estado de alarma no puede ser hoy la respuesta a un problema que se va a prolongar.

Asumir que se puede vivir en un permanente estado de alarma, dijo, "no es razonable, no es proporcionado y no es la medida contundente y necesaria".

También el diputado de UPN, Carlos Salvador, consideró excesiva tanto la actitud de los controladores como la respuesta del Gobierno, al que acusó de hacer pagar a los ciudadanos su "incapacidad".