Con esta decisión, Piñera descartó la posibilidad de indultar a alguno de los 64 violadores de derechos humanos encarcelados que estaba contemplada en la amnistía propuesta por la Iglesia con motivo del Bicentenario del país, y que había sido rechazada por las víctimas.
Aun así, asociaciones de defensa de los derechos humanos mostraron cautela ante el anuncio, a la espera de que éste se concrete, y opinaron que el presidente, el primero de derechas que gobierna Chile tras la dictadura, tomó esta medida porque no tenía otra alternativa.
Las primeras dudas surgieron cuando el mandatario anunció, en una inesperada comparecencia en el Palacio de la Moneda, que quedarían fuera del indulto los condenados "por delitos de lesa humanidad", lo que representa un matiz jurídico respecto a las condenas por violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, salió pronto a despejar esa incógnita.
"Cuando el presidente dice que no se va indultar por crímenes de lesa humanidad, es que no van a ser indultados ninguna persona que haya sido condenado por derechos humanos", señaló.
En tanto, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, opinó en declaraciones a Efe que éste es "un anuncio positivo", pero señaló que los miembros de esta organización tienen otra "aprensión".
"En nuestro ordenamiento jurídico no existe la tipificación de delitos de lesa humanidad o de violación a los derechos humanos. Los violadores de derechos humanos están condenados por otros delitos, como el secuestro, las torturas o la ejecución", explicó.
"Queremos creer que el presidente se está refiriendo a las distintas tipificaciones que existen en nuestra legislación y que se engloban en ese concepto, porque si no sería una burla", enfatizó García, cuyo hermano desapareció durante la dictadura.
En cambio, el abogado Roberto Garretón, especializado en causas de derechos humanos, aseguró a Efe que no tiene "ese temor", ya que a su juicio buscar un subterfugio similar "tendría que ser una operación de mala fe impresionante".
El jurista consideró "positivo y hasta esperanzador" este anuncio, con el que sintió "una sensación de alivio".
Garretón sí coincidió con García en que Piñera "no tenía muchas alternativas" dadas las presiones que ha recibido y los posibles costos políticos de indultar a represores de la dictadura, en la que 3.200 personas murieron y otras 28.000 sufrieron prisión política o tortura.
En tanto, Sergio Laurenti, director de Amnistía Internacional en Chile, dijo, en declaraciones a Efe, que esta noticia es "positiva" y consideró que con ello Piñera "está cumpliendo su rol en materia de no fomentar la impunidad".
En el ámbito político, Camino Escalona, senador del opositor Partido Socialista, opinó que con esta "buena decisión" se ha constatado que la sociedad chilena no está dispuesta a indultar "crímenes atroces de la delincuencia común o del terrorismo de Estado".
Por parte del oficialismo, el presidente de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, apuntó que "todo lo que se pueda hacer en materia de reconciliación tiene que tener una base de unidad que claramente no se da en esta discusión".
En tanto, Alejandro Goic, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, que fue la artífice de esta propuesta, se mostró "muy satisfecho" al resaltar que Piñera ha aceptado decretar un indulto "caso a caso".
"Estas propuestas siguen generado tensiones y divisiones ente los chilenos, y muchas veces han reabierto viejas heridas y rencores del pasado", dijo hoy Piñera al cerrar la puerta a una posibilidad, la de indultar a represores, que había generado una fuerte polémica en el país.