En su intervención después de que el jurado leyese su veredicto, en el que ambos acusados fueron declarados culpables, la acusación popular ha reiterado que pide para ambos la "pena máxima" por el delito de asesinato, 20 años de prisión.
El letrado Ricardo Pérez Lama ha puesto de relevancia que el jurado haya visto probada la "coautoría" del crimen y ha mencionado la concurrencia de alevosía --Asunta no pudo defenderse antes de su muerte-- y los agravantes de parentesco y abuso de superioridad.
Del mismo modo, ha criticado que los hechos se hayan producido en "el seno familiar" y ha incidido en el "sufrimiento que se ha provocado a la víctima" durante "los tres meses" anteriores a su muerte y en los que, según el veredicto, fue sedada por sus padres.
Al igual que lo considerado por el jurado en su veredicto, la acusación popular mantuvo en todo momento tajantemente que ambos padres estuvieron implicados en igual grado en la muerte de Asunta y que la propia niña fue consciente del peligro que provenía de su círculo más cercano.
Para la acusación, el crimen estuvo motivado porque a Rosario "la niña le molestaba", ya que "estaba iniciando una nueva vida y tenía problemas para llevarla a cabo". En cuanto a Basterra, un hombre "sin oficio ni beneficio", le ha atribuido un "móvil económico" tras el divorcio, con ansias por "encontrar algo muy poderoso que lo vinculara al futuro" con su exmujer y que la obligase a un "pacto de silencio".
En este sentido, consideraron que hubo un "plan conjunto" para acabar con la vida de la niña, que se ejemplifica en varios episodios de sedación sus últimos meses de vida y en la administración de lorazepam en grado "tóxico" el día de su muerte por parte de ambos padres.
Las pruebas, sostuvieron durante las sesiones, vinculan tanto a Rosario Porto, que incurrió en "contradicciones", como a Alfonso Basterra, que determinan que también estaba en Montouto cuando se produjo la muerte de la niña.