Durante la segunda sesión de la vista oral comparecieron dos forenses, una de ellas a propuesta de la defensa, quienes coincidieron en que el acusado no tiene alteradas sus facultades mentales y que por tanto, sabe distinguir entre el bien y el mal.
Así, la médico forense jefe del Instituto de Medicina Legal de Toledo, Natalia Acebedo, que elaboró un informe a petición del abogado Armando Palmerín, puso de relieve que no se ha encontrado un deterioro cognitivo en el procesado, aunque si alteraciones de su personalidad.
En este sentido de la personalidad de José R.G. destacó que se trata de alguien "frío y calculador", con deseos de venganza -"el que la hace la paga"-, su agresividad, que puede llegar a ser de "violencia extrema" si no se le da la razón, pero, no ha encontrado rasgos patólogos que alteren su capacidad de discernimiento.
Durante la vista oral, que seguirá el día 1 de julio con la citación de una testigo que está en el extranjero y de un guardia civil de baja por enfermedad, también compareció otra médico forense que se entrevistó con el acusado en prisión.
La forense Blanca Castillo destacó la "ideación persecutoria y justiciera" del acusado, que es de tal intensidad que perdura en el tiempo, e indicó también que el acusado no tiene antecedentes psiquiátricos.
Tal y como dijera su compañera, la perito también coincidió en que José es conscientes de sus actos y sabe cuales son sus consecuencias y, por tanto, sabe discernir entre lo que está bien y lo que está mal.
A esta forense el procesado le explicó que quería vengar la muerte de su hijo, que fue encontrado semanas de los hechos que se juzgan en extrañas circunstancias -al parecer, con signos de violencia- en un pueblo de Madrid y que relacionaba a las víctimas con el fallecimiento de su descendiente.
Sin embargo, Alejandro Martín, abogado que ejerce la acusación popular en representación del Ayuntamiento de Almorox por la alarma social que suscitó este crimen, dijo a los periodistas que se trata de una línea de defensa y que las víctimas nada tienen que ver con la muerte del hijo del acusado, como así quedó demostrado en la investigación policial que se efectuó.
Por su parte, el resto de los peritos indicaron que el fallecido, un agricultor que deja viuda y un hijo de cinco años, tenía dos disparos de escopeta, uno de ellos en la espalda, y que estos se efectuaron a una distancia de entre dos y tres metros con una escopeta de caza de dos cañones yuxtapuestos, que ofrece más precisión.
Las forenses que hicieron la autopsia al cadáver, Raquel Díaz de Quirós y Mónica Casillas García, encontraron dos disparos de postas, uno en la zona derecha del abdomen, mortal de necesidad, y otro en la espalda y que ambos se hicieron seguidos, "a corta distancia", entre dos y tres metros, como así dijeron los peritos en balística de la Guardia Civil.
Las explicaciones de las peritos sobre el informe de la autopsia se desarrolló entre el llanto de la madre, la esposa y la hermana del fallecido y ésta última tuvo que ausentarse por no poder contener los sollozos.
Sobre las lesiones sufridas por Vicente Z., padre del fallecido, las forenses destacaron el neumotórax que le tuvieron que practicar y las graves heridas en el brazo izquierdo, que le han dejado la "mano catastrófica", por lo que ha sido intervenido en varias ocasiones para tratar de recuperar movimientos básicos.
En la segunda jornada de vista oral que se sigue en la sección segunda de la Audiencia de Toledo, donde los familiares y amigos del fallecido recibieron al acusado con insultos, también testificaron varios agentes de la Guardia Civil, algunos del puesto de Villaviciosa de Odón (Madrid), donde el procesado acudió a entregarse acompañado de dos abogados.
Dos de los agentes coincidieron en que en la cabina del camión que conducía el fallecido el día de los hechos se encontró un garrote, con el que habrían agredido al procesado las víctimas, circunstancia que el abogado del acusado alega para esgrimir la eximente de legítima defensa.
A pesar de que el presidente del tribunal, Juan Manuel de la Cruz, advirtiera al público de que no iba a tolerar los incidentes del día anterior -cuando familiares de la víctima se encararon e insultaron al acusado a la salida de la sala de vistas- hoy, al término del juicio, un vecino de Almorox próximo a la víctima se dirigió a gritos al acusado y le dijo "tu hijo está en el infierno sufriendo".
El presidente del tribunal ordenó a la Guardia Civil que le tomara los datos por haber echo caso omiso a sus advertencias y petición de calma.
La vista oral seguirá el día 1 de julio para tomar declaración a dos testigos, una vecina del pueblo que está en el extranjero, y a un guardia civil que lleva más de dos años de baja por enfermedad y a los que no ha renunciado la defensa.
El fiscal, las acusaciones particular y popular solicitan para el reo casi 35 años de prisión, veinte por el delito de asesinato y otros casi quince por un asesinato frustrado, mientras que la defensa alega que José R. G. actuó en legítima defensa.