El magistrado ha adoptado esta medida después de que el procesado, un hombre de nacionalidad boliviana que se encuentra en paradero desconocido, no haya acudido este lunes a la vista prevista en la sección segunda de la Audiencia de Valencia, en la que iba a ser juzgado por estos hechos. La víctima no ha asistido tampoco al juicio dado que desde la sala se le había comunicado que no era necesario.
Este hombre, al que se le imputa un delito de abuso sexual a una menor de 12 años, se encontraba en libertad provisional pendiente de ser juzgado, fue detenido por estos hechos y puesto a disposición judicial en agosto de 2010, pero tras su declaración en el juzgado no se decretó contra él prisión ni ningún tipo de medida cautelar. Los hechos que se le imputan se produjeron ese mismo año.
La víctima, su madre y la pareja de ésta vivían en el mismo domicilio que el acusado, del que eran inquilinos porque le habían alquilado una habitación. En esta vivienda habitaba también la pareja del procesado, que había sido citada como testigo en el juicio de este lunes y que tampoco ha acudido a la cita. El presidente de la sala ha apuntado que también ha sido imposible localizar a esta mujer.
Pese a la no celebración del juicio, la sala ha acogido una vistilla en la que han intervenido los representantes del ministerio fiscal, la acusación particular, la defensa y el presidente de la sala para abordar esta situación.
El magistrado ha indicado que dentro de las gestiones realizadas para localizar al acusado, hay un informe policial que señala que en el año 2010 a este individuo se le abrió un expediente de expulsión por estancia irregular en España, así como que no costa que haya salido del territorio nacional y que no hay constancia de ello en los controles de salida.
Igualmente, según este informe, el último domicilio que se conoce al acusado estaba situado en la calle Almirante Cadarso de la ciudad de Valencia. Dado que no ha sido posible localizar a este hombre hasta el momento, la representante del ministerio fiscal ha pedido que se dicte contra él una orden de búsqueda y captura y prisión provisional, con el fin de asegurar su presencia en un futuro juicio si es juzgado y teniendo también en cuenta aspectos como la pena que se le pide.
Sin noticias
El representante de la acusación particular, por su lado, se ha adherido a las palabras y petición de la fiscal. Por otro lado, la abogada de la defensa ha explicado ante el tribunal que no tiene noticias de su cliente --desde hace meses, como ha precisado fuera de la sala-- y que desconoce su paradero. Ha afirmado que no sabe nada de él desde antes de conocerse la calificación del ministerio fiscal y ha apuntado que de este modo no ha podido decirle ni la pena que se le pide.
Tras escuchar estos argumentos, el presidente de la sala ha decidido aceptar la propuesta de la fiscal y acordar que se dicte una orden de búsqueda y captura, con carácter internacional, incluso, por si hubiera salido fuera de España. Ha destacado que no se le conoce ningún otro domicilio distinto al citado de Valencia en otro punto del territorio nacional y que en caso de ser localizado se celebre juicio.
Así, tras ordenar la suspensión de la vista, ha pedido que se explique a la víctima, a la que se ha dicho que no era necesario comparecer, por qué no se ha celebrado. Ha lamentado esta circunstancia y ha pedido que se comunique si se tienen noticias del paradero del acusado o si se le localiza para celebrar el juicio.