Esta decisión se debe a que AESEG considera que la medida puesta en marcha por el Gobierno andaluz vulnera la actual Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, la cual asegura al paciente la igualdad de oportunidades en el acceso a todos los medicamentos en todo el territorio nacional, obligando al enfermo andaluz a acceder a un único fármaco, a diferencia del que reside en otras comunidades autónomas donde no existen estas restricciones.
Asimismo, la patronal ha recordado que las anteriores subastas se están desarrollando con un "alto nivel de desabastecimiento" y con el "perjuicio y confusión" que está suponiendo para el paciente a la hora de cumplir su tratamiento clínico.
De hecho, estas subastas están pendientes de un pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional a instancia del recurso iniciado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que, además, han sido recurridas por la AESEG a través de la vía de lo contencioso-administrativo.
Esta semana, Farmaindustria ha anunciado también la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la cuarta subasta, alegando las mismas razones que la AESEG. Asimismo, la patronal de la industria farmacéutica de España ha mostrado su deseo de que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recurra esta medida ante el Tribunal Constitucional.