El presidente de la AGRMH, Rafael Gil Bracero, considera que existen "fundamentos jurídicos" para mantener que los hechos deben ser investigados como "crímenes de lesa humanidad", que no prescriben por la Ley de Amnistía de 1977, en contra de lo que argumenta la juez Aurora Fernández, que señala en su auto que "no hay delito".
En declaraciones a Europa Press, Gil Bracero ha criticado el contenido y el lenguaje utilizado por la magistrada en la resolución, donde alude por ejemplo al "alzamiento nacional", lo que revela "una casta un tanto conservadora".
Por otra parte, la AGRMH está dispuesta a apelar a todas las instancias posibles para que se investiguen los crímenes del franquismo, y no descarta acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ya que le avala, ha indicado Gil Bracero, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que pidió el pasado mes de febrero a España la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de Derechos Humanos.
Además, la AGRMH continuará por la vía administrativa en el caso de la exhumación de las fosas de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, e incluso podría iniciar de nuevo el proceso para la apertura del enterramiento en el que podría encontrarse el poeta, siempre y cuando el colectivo cuente con la petición de los familiares de Galadí o Galindo, que ya en 2009 impulsaron la excavación fallida en el Parque Federico García Lorca de Alfacar.
"Nosotros no buscamos los restos de Lorca, sino que queremos dar satisfacción a tantas familias que tienen a sus parientes tirados en las cunetas entre Víznar y Alfacar, y también en el resto de la provincia", ha aclarado Gil Bracero, que ha pedido a los jueces que "no miren para otro lado" en este asunto.