La organización denuncia que con la decisión de expulsar a las mujeres teniendo tres niños sirios a su cargo, el Gobierno, responsable del CETI, "no ha tenido en cuenta el interés superior de los menores y se han violado normas del derecho internacional como son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención de los Derechos del Niño, entre otros."
"Tras conversación mantenida con el director del centro a lo largo del día, éste ha confirmado a Amnistía Internacional que se ha readmitido a ambas familias, una noticia que valoramos positivamente desde la organización. Sin embargo, lamentamos que estas dos familias hayan tenido que estar cerca de dos mes viviendo en la calle", declara la investigadora de AI, Virginia Álvarez.
Se trata de Fátima Gascoi y Latifa Batach, mujeres de nacionalidad marroquí casadas con ciudadanos sirios y madres de tres menores de edad. Fueron expulsadas del CETI el pasado mes de noviembre porque su solicitud de asilo en España fue inadmitida a trámite y los activistas de la organización las encontraron el 9 de enero viviendo en dos tiendas de campaña frente al centro.
"Han vivido sin agua, sin comida y a la intemperie en pleno invierno sin que las autoridades españolas les hayan ofrecido en ningún momento algún tipo de alternativa habitacional, lo que viola el Derecho Internacional de los Derechos Humanos", señala Amnistía internacional, que tenía un equipo investigando la situación de los solicitantes de asilo en el CETI cuando se topó con el caso.
VIUDA DE UN HOMBRE SIRIO, MADRE DE UN NIÑO SIRIO Y SIN ASILO
Fátima Gascoi, es una mujer de origen marroquí, viuda de un ciudadano sirio. Tuvo que salir de Siria junto a su hijo nacido en 2005 en Alepo, por lo tanto con nacionalidad y pasaporte sirio. Ambos dejaron el país en 2012 en busca de protección y seguridad. Tras un largo viaje, llegaron a Melilla donde solicitaron asilo. Durante 16 días permanecieron en el CETI hasta que se les denegó la solicitud de asilo en contra del criterio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR).
Según su testimonio, a pesar de haber recurrido la denegación de asilo, varios miembros del servicio de seguridad del CETI cogieron sus pertenencias y les expulsaron, sin facilitarles ningún tipo de información para recurrir esta decisión y dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad, tal y como explica Amnistía Internacional.
Por su parte, Latifa Batach es una mujer marroquí con dos hijos menores de edad, una niña de 11 años y un niño de 8 años, ambos de nacionalidad siria, casada con un ciudadano sirio y padre de sus hijos. A principios de noviembre llegó sola a Melilla con los niños y pidió asilo, pero transcurridos unos días de estancia en el centro, fueron expulsados. Su marido vive en el CETI con su segunda esposa y un bebé de tres meses.
"Nos preocupa que se haya podido producir la expulsión del CETI de estas dos mujeres junto a sus hijos menores de edad, al inadmitirse a trámite su solicitud de asilo basándose en la nacionalidad de las madres, sin tener en cuenta que los menores son de nacionalidad siria", destaca Álvarez.
Para Amnistía, se ha dado un trato discriminatorio a estas mujeres, madres de niños sirios, que llegan a España sin compañía de sus esposos, ya que existen otros casos de matrimonios mixtos a los que se ha denegado la solicitud de asilo y sin embargo, permanecen en el CETI. Igualmente, la organización lamenta que no se haya tenido en cuenta el interés superior del menor como establece el derecho internacional.
Amnistía Internacional se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Inmigración y Migración, Marina del Corral, para pedirle que tome medidas para poner fin a este tipo de prácticas discriminatorias y evite que en el futuro se produzcan nuevas violaciones de derecho humanos de personas solicitantes de asilo especialmente vulnerables como son las mujeres y los niños y las niñas.