González ha explicado a Europa Press, a su llegada a la Ponencia de Relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de la Cámara Baja, que la inquietud del Valle de Tobalina "no es por los próximos diez o quince años", tiempo previsto para el desmantelamiento de la central, sino "lo que viene después", cuando los habitantes de la comarca comiencen a acusar la falta de empleo.
"La llegada de Garoña marcó el municipio de una manera determinante. Se generaron expectativas de empleo y eso nos ha permitido contar con un número de población", ha explicado la alcaldesa, quien ha indicado que la comarca cuenta con 34 núcleos de población que suman unos mil habitantes.
A su juicio, los representantes de estas personas, que son las que "sufren las ventajas y los inconvenientes" de la instalación de la central "no deben ser ajenos" a los planes del Gobierno porque, según apuntado, son los que conocen las necesidades del entorno.
Así, ha denunciado que el cierre de Garoña "ha sido una decisión que se toma desde un entorno ajeno", como es "un despacho en Madrid", mientras los que realmente está a merced de esta decisión "no han tenido ninguna opinión al respecto".
PIDE MÁS PRESUPUESTOS
Para González, esta "distancia" con la que se ha tomado la decisión, es, entre otras cuestiones, el motivo por el que el Ejecutivo ni se haya planteado otras alternativas económicas para la zona. "Y deberían buscarse desde ya, desde este momento", ha apuntado la regidora, que cree que pasados los años de desmantelamiento ya será tarde.
Su intención, según ha indicado, en conseguir el compromiso del Gobierno de que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se refleje en una partida las medidas que se van a aplicar para paliar "la desaparición de una empresa tan importante para la comarca".