Según explica en un comunicado esta institución, la disposición recurrida afecta al principio de seguridad jurídica proclamado en la Constitución (artículo 9.3) y al contenido previsto para la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, por lo que ha considerado "pertinente" interponer este recurso de inconstitucionalidad.
"Las leyes de presupuestos tienen una función específica y constitucionalmente definida a la que deben ceñir su contenido, que es la previsión de ingresos y habilitación de gastos para un año, o al menos, guardar una relación directa con esta materia", subraya.
Asimismo, explica que esta disposición establece un régimen de reposición de personal docente e investigador para las universidades públicas de Cataluña, vinculado a un concreto plan de investigación (Plan Serra Húnter), lo que, a juicio del Defensor, "evidentemente tiene un carácter meramente organizativo y no guarda relación alguna con el contenido propio de la ley presupuestaria".
Por otra parte, apunta que la disposición adicional cuestionada impone la obligación a las universidades públicas de Cataluña de realizar mayoritariamente la reposición de su personal docente investigador a través del Plan Serra Húnter.
Para el Defensor del Pueblo este mandato imperativo "lesiona el contenido esencial del derecho fundamental a la autonomía universitaria", consagrado en el artículo 27.10 de la Constitución.
"Por una parte, restringe la potestad de selección de su personal académico a las universidades y, por otra, convierte en obligatoria la participación de las universidades en dicho Plan --del Gobierno de Cataluña y no de las universidades-- si quieren reponer sus efectivos de personal docente investigador a lo largo de 2017", concluye.
Por su parte, el sindicato CSIF, que pidió a la institución que presentara el recurso, asegura que, desde hace cinco años, la Generalitat evita los concursos públicos a cuerpos docentes universitarios nacionales (Titular de Universidad y Catedrático de Universidad) y sólo se convocan contratados laborales dentro del sistema universitario catalán y por tanto conforme a los criterios que establece el gobierno de esta comunidad autónoma.
"La Ley establece que el personal docente e investigador contratado no podrá superar el 49 por ciento del total (el 40 por ciento en el caso del personal temporal). Sin embargo a 1 de enero de 2017, en la Universidad de Barcelona, solo quedan 2.200 funcionarios, frente a 4.000 laborales contratados por la Generalitat".
"Desde CSIF consideramos que el Plan Serra Húnter es una amenaza a la autonomía universitaria y una injerencia evidente de la administración catalana en la capacidad de las universidades para contratar su personal docente e investigador. Hay que recordar que la Generalitat determina el número de contrataciones, nombra parte de los tribunales, establece el número y las características de las pruebas, marca los criterios generales de valoración de los candidatos, etc.", explican.